Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO

Nota : Debido al hecho de que el conflicto abajo expuesto involucra a dos grupos que presentan una versión distinta de los hechos, se amplía el informe con informaciones que provienen de fuentes exteriores a los grupos enfrentados.

Por parte de la ORCAO, nos reciben la junta directiva de esta organización :

El presidente : José Gómez Pérez

El vicepresidente : Anselmo Gómez López

El secretario general : Miguel Gómez Sánchez

El tesorero : Augusto López Vásquez

Los coordinadores de las zonas Toniná, El Progreso y Sibacá.

Están presentes también algunas otras personas que no se identifican. Los principales interlocutores fueron el presidente, el secretario y el tesorero.

Hechas las presentaciones, los representantes de ORCAO proceden a la lectura de un documento-denuncia (que se anexa para el informe) acerca del conflicto entre miembros de ORCAO y bases de apoyo zapatistas, en la región, focalizándose el problema en el manejo de la tienda comunitaria ubicada en Cuxuljá - en el entronque de carreteras Altamirano/Ocosingo- que hace unos meses fue tomada por miembros de ORCAO y luego retomada por bases de apoyo zapatistas, quienes hasta el momento la tienen bajo su control y administración.

Este lugar corresponde a la entrada al municipio autónomo Che Guevara. Hasta enero del 2001, estaba ubicado aquí un destacamento militar (en medio del cual había que pasar para acceder a la cabecera Moisés Gandhi), que fue desmantelado como parte del cumplimiento de las tres señales planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo.

Exposición de los hechos

Los representantes de ORCAO afirman que el problema principal se da con las autoridades del municipio autónomo Che Guevara, aunque ellos restan importancia al conflicto que surgió en torno a la tienda cooperativa (hecho que fue denunciado meses atrás por bases de apoyo zapatistas).

Más bien, los entrevistados sitúan el conflicto en el ámbito agrario. Al respecto presentan denuncias muy concretas acerca del allanamiento de propiedad en distintos lugares de la región.

Mencionan que cuando empezó el problema, apelaron a instancias vinculadas con la iglesia católica (párrocos y Centro de Derechos Humanos) para que jugaran un papel de mediación. Se buscaron vías de negociación, sin embargo, afirman que los zapatistas rompieron el diálogo, el 18 de noviembre de 2001.

Además de las instancias de mediación arriba mencionadas, intervino la Comisión de Reconciliación de Conflictos Comunitarios, CORECOCO, sin más éxito. Las instancias de mediación del gobierno del estado no fueron mencionadas.

Según los representantes de ORCAO, ha habido roces en distintas comunidades pertenecientes a los municipios autónomos Francisco Gómez, San Manuel y Primero de enero (a parte de los acontecimientos en el municipio autónomo Che Guevara).

El nudo del problema reside en que en 1994 y 1995, ORCAO y bases de apoyo zapatistas tomaron tierras juntos. Estas tierras eran propiedad privada.

Según ORCAO hubo acuerdo para la regularización de las tierras, las que quedaron registradas bajo la jurisdicción de fideicomiso (ORCAO F95).

Al respecto, es necesario aportar precisiones sobre la naturaleza de esta figura jurídica.

Juan González Esponda, Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto del estado de Chiapas, aclara que el fideicomiso, a diferencia del ejido es un régimen de propiedad y no de posesión. Por tanto la atribución de tierras es nominal (a los miembros que forman parte del fideicomiso).

Señala que en el momento de la regularización de las tierras, el gobierno del estado optó por esta solución, dado que la reforma al articulo 27 de la Constitución no permitía más repartos agrarios. Por tanto, se recurrió a un fondo federal para la compra de tierras bajo la forma de fideicomiso.

Este fideicomiso fue gestionado por miembros de ORCAO, dadas las facilidades que les daba el hecho de ser registrados como organización legalmente constituida.

Por otra parte, aunque el fideicomiso abre derechos para gestionar créditos y/o programas como el PROCAMPO, se requiere del acuerdo de la asamblea de beneficiarios para cualquier gestión relacionada a empeñar, parcelar, vender o cambiar el estatus jurídico de las tierras en mención.

Este detalle tiene su importancia, ya que según el comisionado González Esponda, jurídicamente sería posible integrar las tierras del fideicomiso al ejido colindante de Cuxuljá.

Según otra fuente (que pidió no ser nombrada) intervienen en realidad tres grupos en el conflicto :

  Las bases de apoyo zapatistas (en el seno del municipio autónomo)

  Los miembros de ORCAO (que antes hacían causa común con los primeros)

  Ejidatarios de Cuxuljá (identificados con el PRI)

Estos últimos, al igual que los miembros de ORCAO tendrían cierto interés en que las tierras del fideicomiso sean integradas al ejido (en forma de ampliación). Por tanto, aunque, hasta la fecha, no se hayan hecho gestiones en este sentido, es posible que se hayan dado platicas entre los ejidatarios priístas y los miembros de ORCAO.

Por su parte, los miembros de ORCAO señalan que ha habido acercamiento entre los ex propietarios de las tierras en disputa (identificados con el PRI) y las bases de apoyo zapatistas.

Siempre según la segunda fuente citada, el conflicto se agudizó a raíz de la salida del Ejército del cuartel de Cuxuljá, ya que siete familias priístas tenían una solicitud sobre las tierras ocupadas por el Ejército. Posteriormente, parece ser que realizaron distintas gestiones para obtener una indemnización (renta) por los años en que el Ejército ocupó terrenos que consideraban suyos.

Volviendo a la versión de ORCAO, los exponentes se muestran pocos explícitos cuando se les pregunta que forma de posesión agraria privilegiarían. Explican que, primero hay que llegar a una negociación con el otro grupo, el cual presentan como responsable del problema.

De acuerdo con las cifras presentadas, parece ser que los miembros de ORCAO, mayoritarios, están siendo despojados por un grupo reducido de bases de apoyo zapatistas que se quedaron con las mejores tierras (planas) y en mayor cantidad. Sin embargo, en el transcurso de la conversación, se da la impresión que los miembros de ORCAO se consideran minoría encerrada dentro de la zona de influencia zapatista.

(En este aspecto, las fuentes exteriores consultadas coinciden en considerar que la ORCAO es minoritaria en la zona. El comisionado González Esponda habla de aproximadamente 38 familias).

Si bien el origen del conflicto parece ser relacionado con problemas agrarios, los entrevistados sitúan la actual disputa también en un plano político, pues consideran que están siendo expulsados de sus tierras por negarse a pertenecer a la organización zapatista.

En esta oportunidad destacan que aunque existen convergencia de opiniones sobre algunos puntos (rechazo a la ley indígena y a la reforma al artículo 27 de la constitución y oposición al sistema caciquil promovido por el PRI) son una organización distinta al EZLN, que se podría resumir con el lema “juntos pero no revueltos”.

Tanto los entrevistados como las demás fuentes consultadas reconocen que la separación de intereses entre ORCAO y EZLN se remonta al año 98, cuando según ORCAO se da un cambio de mandos en el EZLN a nivel local.

Otras fuentes por su parte afirman que algunos actuales dirigentes de ORCAO fueron antes dirigentes del EZLN pero también hacen énfasis en el papel que juegan los dirigentes históricos de la ORCAO, quienes a pesar de ya no ejercer cargos en la organización, sí mantienen una influencia importante en el rumbo político de la organización. Mencionan, por ejemplo, a Nicolás López, actual representante del INI en Ocosingo.

Así lo que resalta son las diferencias políticas acerca de la captación de recursos públicos, diferencias que a su vez son causa del conflicto agrario y consecuencia de la disputa acerca de la forma de propiedad por la cual cabe optar.

Al respecto, los miembros de la ORCAO niegan rotundamente estar realizando gestiones para ser incluidos en el programa PROCEDE y niegan haber sido beneficiados por proyectos gubernamentales. Sin embargo, se quejan de la oposición de las bases de apoyo zapatistas a dejar que se instalen proyectos de educación y desarrollo en las comunidades donde cohabitan. Además en la carta-denuncia que entregan, se definen como “una organización independiente [que] ha mantenido la resistencia en [sus] comunidades contra los malos gobiernos y [participan] abiertamente en el nuevo gobierno del estado”.

Acerca de los proyectos de desarrollo, los representantes de ORCAO argumentan que basta ver su oficina (muy modesta y poco equipada) para convencerse que no han sido beneficiados con dinero y que lo poco que han gestionado es material que se encuentra en uso en las comunidades. Por otra parte, acusan a los zapatistas de haber acaparado para si solos los frutos del apoyo internacional.

Cabe señalar que la ORCAO aparece como una de las organizaciones atendidas en el marco del “Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva”. El documento, fechado de enero del 2002 y elaborado por el gobierno del estado de Chiapas, menciona que en la región de Ocosingo, la cantidad de proyectos atribuidos a familias de la ORCAO se eleva a 109 (beneficiando a 1714 hombres y 1459 mujeres).

Los proyectos productivos y de infraestructuras se enmarcan en el desarrollo de los Centros Estratégicos de Desarrollo (CED). Estas estructuras atendidas por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) configuran también la estructura del plan de desarrollo formulado en el marco del plan Puebla-Panamá.

Resulta interesante destacar que se atienden 57 proyectos productivos en la región de Sibaca, 100 en Las Tazas (municipio autónomo de San Manuel) y 100 en Abasolo (región de Cuxuljá). En estos tres lugares, existen conflictos importantes entre ORCAO y bases de apoyo zapatistas.

No corresponde a la CCIODH posicionarse sobre los conflictos que enfrentan distintos grupos. Sin embargo, no se puede dejar de subrayar que la implementación de programas de desarrollo en la actualidad, que no toman en cuenta los conflictos resultantes de la falta de atención a la problemática agraria en el pasado, no solamente no logra resolver los problemas existentes, ni reparar los daños que alimentan el fraccionamiento de las comunidades, sino que parecen constituir un nuevo factor que agudiza las divisiones.