|
Entrevista con : Katia Núñez, Julio Reyes (zona fronteriza), Francisco Cruz
Pérez (de San Jerónimo Tulija, zona Selva, cañada Taniperla, valle de Santo
Domingo), Jerónimo Moreno (zona Centro y zona Los Altos).
Son veintidós jóvenes defensores elegidos por sus comunidades que asumen
defensa de casos. Dan asesoría jurídica a los presos aparte de realizar
talleres. Tuvieron un primer año de capacitación. Son muy pocos para atender a
toda la población en las comunidades. A la entrevista acude una representación
de la red. Falta la representación de la zonas de Palenque, Altamirano, Tila y
Yajalón.
En enero de 1999 empieza a crearse la red por la necesidad de afrontar la
represión del Gobierno de Albores. Trabajan en comunidades. En 1998 hay muchas
incursiones militares y surge la decisión de asumir su propia defensa.
Son una organización indígena. Ellos hablan las lenguas de sus comunidades
(chol, tzeltal, tojolabal). En total la red está atendiendo veinte casos que
incluyen la defensa de varias personas en cada caso. El tipo de denuncias que
suelen recibir son en relación a hostigamientos de paramilitares. Las hacen
llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora ya saben a qué instancias recurrir en cada situación. A veces optan por
la denuncia pública, convocando a la prensa.
Comentan que no hay disminución en las denuncias que se reciben después del
cambio de Gobierno. Los acosos a las comunidades siguen igual. Desde el cambio
de Gobierno se ha observado también un cambio en las denuncias. Antes había más
presencia militar, que ahora permanece pero en segundo plano. Se ha intentado
cooptar a organizaciones en las comunidades. El Gobierno aparece bajo una
postura de conciliador pero sigue creando divisiones y por otro lado está la
acción de los grupos paramilitares.
Francisco Cruz explica el caso que está llevando actualmente. En San
Jerónimo Tulija fueron detenidos cinco compañeros que no son culpables de los
delitos que se les imputan en referencia a una emboscada a una camioneta de
PROGRESA. Hubo muerto y heridos. No se investigó.
Los priístas conocidos como paramilitares desde el 95-96 señalaron a las
cinco personas que más les convenían como los culpables, siendo todos ellos
bases de apoyo zapatistas. Al día siguiente fueron detenidos dos de ellos por
los mismos priístas. Y al siguiente los otros tres. Fueron golpeados y
amenazados con quemarlos.
Más tarde avisaron a la Seguridad Pública y los llevaron al Ministerio
Público de Palenque en donde los torturaron en las mismas dependencias. El 19
de enero Francisco Cruz intentó entrevistarles en Palenque, le dieron dos
minutos. No les dieron más tiempo porque uno de ellos le dijo que habían sido
torturados.
Ahora están en calidad de arraigados en un domicilio particular en Tuxtla. Esto
significa que están detenidos pero no hay pruebas El arraigo se aplica cuando
hay peligro de que los detenidos escapen y éste no es el caso, porque están
avalados por las autoridades de sus comunidades que afirman que hicieron las
investigaciones necesarias y que no les hallaron responsables del asalto.
También se aplica en casos de delincuencia organizada y lo único que podría
probar que existe sería la existencia de antecedentes, lo cual tampoco se da en
este caso.
Entonces estas cinco personas se hallan prácticamente incomunicados desde
su detención porque aunque sí tienen derecho a visitas, sus familias viven a
siete horas de camino y no tienen recursos para viajar.
El día 26 de enero Francisco consigue comunicarse con los arraigados en
Tuxtla después de ser enviado desde Palenque a Salto de Agua y desde allá a
Tuxtla, localidades que están a varias horas de distancia. Con lo cual la
incomunicación de los detenidos se prolongó todavía más. El día 28, Francisco
Cruz realizó una denuncia pública del caso convocando a los medios de
comunicación. Amnistía Internacional denunció el caso y presentó una acción
urgente.
El como defensor ha recibido amenazas y los de su comunidad le avisaron que
cuando regresara le iban a acusar de complicidad con sus defendidos. Afirma que
resulta evidente que se ha producido una construcción de delitos y que la
prueba de ello es que los priístas que los detuvieron han demostrado su
complicidad con los agentes de la Seguridad Pública.
Comenta que sería importante que la CCIODH pudiera tratar de entrevistar a
los arraigados. Hacen entrega de un reporte completo del caso.
Los defensores explican que las detenciones efectuadas por civiles son
habituales cuando los detenidos son zapatistas, pero no con priístas. Los
priístas tienen los abogados y los medios.
Un miembro de la Comisión comenta que en el sexenio anterior, el Gobierno
quería mostrar la imagen de que el Ejército tenía la función de pacificar los
conflictos ente comunidades, lo cual contrastado con los testimonios de las comunidades
resultaba difícil de creer. Actualmente el Ejército parece que está en segundo
plano y da la impresión de que sí existen conflictos. La pregunta es si esto
podría ser otra estrategia de contrainsurgencia.
Afirman que es así, dejan actuar a los paramilitares para que continúen los
hostigamientos. Las divisiones se promueven desde las propias autoridades,
concediendo recursos en función de la afiliación a partidos políticos o a
grupos paramilitares. Es el caso del grupo paramilitar Desarrollo Paz y
Justicia, liderado por Samuel Sánchez Sánchez, que está constituido como
organización no gubernamental.
Comentan que los zapatistas no aceptan apoyos. De hecho hay un control
sobre las personas que no aceptan apoyos, es una manera de identificarlos. Ellos
quieren ser dueños de sus propios proyectos. No quieren la dependencia de las
direcciones políticas del Gobierno.
En cuanto a la zona fronteriza, comenta que el Ejército pone el pretexto de
detener a los "pollos" (que transportan inmigrantes) para aumentar su
presencia en la zona, pero que en realidad nunca se ven estas detenciones.
La situación con los proyectos es la misma que en otras zonas en cuanto a
que crean divisiones. Existe un caso en que se ha pedido la intervención de
Salazar puesto que hace once años les quitaron sus tierras, pero no hay ningún
cambio. Comentan que migración y Ejército vienen a hacer el mismo trabajo, se
quedan con las propiedades de cualquiera que registran o paran en la carretera.
Otra manera de intervención del Gobierno para desbaratar las bases de apoyo en
esa zona es mediante las ONGs. Pone como ejemplo la organización OCIPA
(Organización Campesina Indígena de Pueblos Autónomos) que están en Las
Margaritas.
En la zona de Tila existe un alto porcentaje de denuncias de mujeres que
han sufrido la violencia de militares y paramilitares.
En cuanto a los desplazados comentan la falta de garantías para su
seguridad cuando se propone el retorno puesto que los responsables de su huida
siguen impunes.
Por otro lado comentan que ahora ha cambiado el nombre de la policía. Antes
se llamaban Policía Judicial ahora se llaman Agentes Estatales de Investigación
o Policía Sectorial. Los nombres han cambiado pero las personas son las mismas.
En cuanto al conflicto con ORCAO comenta que Abelardo estuvo presente en
las pláticas en este proceso de diálogo, y nos remite a él para conocer los
detalles. Comenta que esta organización, que antes era simpatizante de EZLN,
ahora parece cercana a los priístas. En general critica todo este nuevo plan
que impulsa el Gobierno para parcelar las tierras promoviendo la titulación
individual de las mismas y dividir las comunidades.
En cuanto al asesinato de José Tila y Trinidad Cruz comenta que no se llegó
a hacer justicia y remite a la Comisión a Clemente (defensor que se encuentra
actualmente en Jolnixtié) para que nos pueda explicar mejor.
En general afirman que en el momento actual los defensores de los derechos
humanos están muy perseguidos e incluso más que con el anterior Gobierno. Al
principio cuando hacían los cursos de capacitación no tenían problemas. Pero
desde que llevan casos es que se producen las amenazas y los hostigamientos que
provienen de civiles armados.
Han presentado denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos también.
Uno de los entrevistados Francisco Cruz ha sido amenazado por realizar su
trabajo de defensor en relación a los cinco zapatistas arraigados. Otro
defensor llamado Ramón sufrió amenazas por parte de militantes del PRD a principios
de diciembre, y se denunció sin obtener ninguna respuesta. Posteriormente su
casa fue saqueada y quemada y no fue hasta enero que se tomaron medidas.
Intento de entrevista con los arraigados : Miguel Angel
Gómez Luna, Mariano Cruz Hernández, Antonio Gómez Luna, Manuel Cruz Méndez,
Andrés Gómez Luna, acompañados de Francisco Cruz Gómez (representante de los
arraigados y miembro de Red de Defensores Comunitarios por los Derechos
Humanos)
Juez Primero del Ramo Penal : Miguel Villalba.
El día 1 de marzo intentamos conseguir la entrevista con los arraigados.
Sabíamos que era difícil de conseguir, porque el defensor de los arraigados nos
contó que ellos lo solicitaron pero les hicieron una burla. Esta se trataba de
que se presentó un enviado de la Procuraduría y les indicó que tenían que
presentar por escrito la aceptación de nuestra entrevista. Los arraigados le
indicaron que no tenían papel y lápiz y si lo podían hacer oralmente. El
delegado se negó a darles papel y bolígrafo y a aceptarlo oralmente.
El día que fuimos a Tuxtla, la administración evitó que lo consiguiésemos.
Se nos hizo esperar horas, se nos mintió y nos hicieron dar vueltas sin ninguna
finalidad. Al final hicimos la entrevista al defensor de los arraigados.
Detallamos a continuación los hechos.
El día 1 de marzo nos desplazamos a Tuxtla Gutiérrez para ver si
conseguíamos permiso para entrevistarnos con los arraigados. En primer lugar, a
las 11 de la mañana, nos dirigimos a la subprocuraduría donde nos atendió el
Secretario particular de Julio César, Padilla Valdivia, siendo bastante
desagradable en el trato, y diciendo que no era su área de actuación (se
dirigió principalmente a Francisco Cruz diciendo : "Ya estuviste otras veces y te dije que fueras a la zona Norte,
donde corresponde este arraigo").
A continuación nos dirigimos a la oficina del Procurador, Mariano Herrán
Salvati, atendiéndonos su secretario, José Rincón, informándonos que el
Procurador estaba volando y no se podría comunicar con él hasta en hora y
media. Le comentamos si mientras tanto él podría agilizar los trámites que
faltaran, dado que el Procurador ya se había entrevistado y hablado sobre el
tema de los arraigados con el abogado de la CCIODH, Robert Sabata,
comprometiéndose con él a agilizarlos.
Después de esperar la hora y media sin resultados, nos comentó que ya había
hablado con el Procurador y éste le había dicho que los trámites ante el juez
ya estaban hechos. Ante lo cual le pedimos que se pusiera en contacto con el
juez, para que los trámites siguieran su curso.
Dado que no conseguía ponerse en contacto telefónico con el juez, decidimos
dividir el grupo y mientras unos esperábamos en la Procuraduría, otros nos
dirigimos al penal de Cerro Hueco, a hablar directamente con el juez, ya que
según el secretario del procurador sólo faltaba su firma para poder realizar la
entrevista.
Esta información no era cierta según el juez ya que no tenía la solicitud
de los arraigados. El juez dijo que si le llegaba por fax la solicitud de
entrevista de los arraigados tramitada por el procurador o por cualquiera de
los fiscales que habían solicitado el arraigo, él nos concedía la entrevista.
Nos indicó que el Lic. Aníbal Corso estaba en la Procuraduría de Tuxtla. Al
comunicarnos entre nosotros y hablar con el secretario del procurador, éste nos
dijo no conocer a esta persona, enterándonos posteriormente que este señor, era
de Palenque.
En mitad de estas averiguaciones el secretario del procurador, salió por la
puerta trasera sin comunicárnoslo, suspendiendo así toda posibilidad de obtener
el permiso. Así y todo, su secretaria nos comentó que podíamos volver a las
seis de la tarde. Ante tal situación kafkiana, nosotros quejándonos por el
trato recibido, comentó Francisco Cruz : "Esto
sucede con ustedes, imagínense cómo nos tratan a nosotros, con nuestra cara de
indígenas...")
Mientras tanto, otras compañeras que estaban en Cerro Hueco tuvieron acceso
al expediente de los arraigados (arraigo 01/2002). De él se destacó que en el
asalto a la furgoneta se encontró un pasamontañas, que se robaron 508.000
pesos, que había un testigo presencial de los hechos, llamado Eduardo Encino
Mendoza y que fue quien identificó a Miguel Angel Gómez López. También se leía
en el expediente que a los dos primeros detenidos se les encontraron armas del
calibre 22 y 38.
Cabe resaltar que este expediente ha sido solicitado por la Red de
Defensores desde el principio de la detención y siempre se lo han denegado.
A las 18.00 horas regresamos a la oficina del procurador, pero sólo se
presentó su secretaria, quien nos dijo que sí que vendrían, pero no sabía a qué
hora. A las 19.15 horas todavía no había llegado ni el secretario ni el
procurador y salimos.
Entrevista con Francisco Cruz Méndez, sobrino del arraigado Manuel Cruz
Méndez
¿Dónde estaban
ustedes el día que se asaltó la camioneta ?
Estaban trabajando en las milpas.
¿Conocían a las
personas que les detuvieron ? ¿hay testigos de la detención ? ¿ustedes ofrecieron
resistencia ?
Sí que los conocían. Son de la misma comunidad. Sí que hay testigos. Se
dejaron detener porque pensaban que los iban a soltar al rato.
¿Pertenecen a alguna
organización ? ¿han participado en alguna lucha social ? En el caso de que sea
afirmativa la respuesta ¿creen que estos antecedentes influyen en su detención ?
Sí, son bases de apoyo zapatistas. Sí, en la comunidad. Sí, por eso lo
llamamos cuestión política.
¿Sufrieron torturas
durante la detención o posteriormente ?
Fueron brutalmente golpeados por los civiles cuando los detuvieron. Una vez
entregados a la policía judicial continuó la tortura en las dependencias del
Ministerio Público de Palenque. Fueron tres los torturados : Andrés Gómez Luna,
Miguel Angel Gómez Luna y Mariano Cruz Hernández.
¿Cuántos días
estuvieron incomunicados ?
Dos de 11 días y tres de 10.
¿Han sido informados
de sus cargos y sus derechos ? ¿tuvieron traductor, abogado ?
Nunca hasta la fecha. No tuvieron nunca ni traductor ni abogado.
¿Tienen derecho a
visitas ? ¿tienen alguna dificultad al respecto ? ¿han tenido alguna dificultad
para recibirnos ?
Tienen media hora y la familia tiene que viajar doce horas para llegar
desde su casa.
¿Cómo es el trato
que reciben ?
Son mantenidos por el Gobierno, les dan alimentos y pueden leer periódicos
y pedir a la policía que les compren cosas. No pueden firmar documentos sin
orden judicial.
¿Pueden contarnos su
vida aquí en un día normal ?
Se levantan a las 8 :00 y pueden caminar por dentro de la casa. Los guardias
se llevan la tele y les invitan a verla. No pueden salir a la calle.
¿Hay personas que
dependan de ustedes para alimentarse ?
Sí, todos tienen familias que mantener
¿Han firmado alguna
declaración ?
Sí, firmaron lo de Palenque con tortura y sin abogado ni traductor.
¿Creen que sufrirán
represalias ?
No
¿Han tenido
dificultades para conseguir nuestra entrevista ?
Es lo mismo que ha pasado durante estos meses en que buscaban información
sobre los arraigados para el trabajo de la defensa, se nos han cerrado las
puertas. Nos dan direcciones, nombres e indicaciones falsas. Ha cambiado Pablo
Salazar pero la gente que trabaja en la Procuraduría es la misma y por lo tanto
las violaciones a los derechos humanos continúan.
|
