Coordinadora Nacional por la Paz y los Derechos Humanos

La Coordinadora por la paz y los derechos humanos es una confluencia de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles que está trabajando por la paz y los derechos humanos a nivel nacional, pero también en el resto el mundo, y que empezó a organizarse sobre todo a partir del asesinato de Digna Ochoa y de los atentados del 11 de septiembre.

Situación de cuatro presos políticos del penal de alta seguridad La Palma

Exposición a cargo de Elizabeth Silva Nogales acerca de la situación de cuatro presos políticos del penal de alta seguridad La Palma : Fernando Silva (hermano de la portavoz), Gloria Arenas, Fernando Galicia y Felicitas Padilla.

Elizabeth - Gracias por su invitación... Presento este testimonio con la esperanza de que sea oído por quienes luchan por el respeto a los derechos humanos.

Los familiares lo hemos visto, no nos lo han contado, hemos vivido cómo Jacobo, su esposa Gloria, Fernando y Felicitas han sido víctimas de la injusticia y la impunidad. Durante su detención y durante el proceso que se le sigue, sin mediar órdenes de aprehensión ni de cateo y utilizando la tortura como medio para obligarlos a firmar y a poner sus huellas digitales en papeles que ellos nunca vieron pues estaban con los ojos vendados. Esos papeles fueron después utilizados como sus declaraciones ministeriales, bajo las cuales se basa el proceso donde son juzgados como delincuentes peligrosos.

Como advertencia ante todo aquel que se atreve a rebelarse ante un sistema antidemocrático, Jacobo fue detenido el 19 de octubre de 1999 en el DF a las 4.30 de la tarde, a la entrada de un restaurante por miembros de la Policía Federal Preventiva, quienes de inmediato lo sometieron a golpes, lo esposaron y le taparon los ojos, y lo subieron a una camioneta en la que lo llevaron a una base militar donde lo tuvieron por cinco días durante los cuales fue golpeado en todo el cuerpo, sobre todo en las partes nobles, fue colgado y estirado de brazos y piernas, hubo intentos de asfixia y después lo envolvieron en una sábana, le echaron agua y lo amarraron a una cubeta metálica y le aplicaron shocks eléctricos en las axilas, genitales y principalmente en la cabeza.

Todo el tiempo lo amenazaban de muerte y le decían que tenían a nuestra hermana mayor y a mí también, y que además le iban a llevar a mi madre para que viera lo que le estaban haciendo. Todo el tiempo estaba esposado y vendado de los ojos y así fue obligado a firmar varias veces.

Gloria, su esposa, fue detenida en San Luís Potosí el 22 de octubre del mismo año. En medio de un gran operativo. El Ejército entró a su casa tirando a balazos la puerta. Estos militares iban a cargo de una persona que ella reconoció, y que en aquel entonces estaba a cargo de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Después fue traída en una furgoneta a México, a la base militar, donde fue torturada, desnuda, a base de golpes y shocks eléctricos en el cuerpo y amenazas en contra de su madre y su hija menor de edad, además de escuchar la tortura de su esposo, que a decir de ella fue la peor de las torturas que pudieron hacerle. También la esposaron y le vendaron los ojos y así fue obligada a poner sus huellas digitales varias veces.

Testimonio de un matrimonio de Guerrero

Fernando y Felicitas son un matrimonio de Guerrero, gente humilde, campesinos ellos. Fueron detenidos en Guerrero, en su casa, en presencia de sus cinco hijos menores de edad.

Fernando fue golpeado y ambos fueron amenazados con llevarse a sus hijas menores ; incluso obligaron a las menores de 13 y 17 años a firmar papeles en blanco que aparecen en los expedientes como declaraciones en contra de sus padres.

El 24 de octubre fueron llevados los cuatro detenidos por separado al (...) número 1, pero a la entrada del penal los juntaron y las autoridades les presentaron las declaraciones ministeriales. Los partes que enfrentan son : delincuencia organizada, asociación delictuosa, posesión de armas y cartuchos, terrorismo, rebelión, conspiración, daño en propiedad ajena y homicidio.

Desde el principio el proceso ha estado plagado de irregularidades : las audiencias han sido privadas, ha habido parcialidad en los jueces, contradicciones en los testigos falsos que presentó el Ministerio Público. Y el personal del centro es cómplice de las injusticias que ahí se cometen, como es el caso del personal médico, psiquiátrico y psicológico, que emitieron un dictamen de alta peligrosidad a Jacobo y Gloria con tan sólo una entrevista de menos de una hora. Y el médico del penal y de Guerrero emitieron un sinnúmero de certificados médicos donde dicen que no existieron lesiones y que él revisó a los cuatro detenidos en Guerrero, lo cual es completamente falso.

Hoy día la tortura psicológica persiste en el trato que se les da en dichos centros, donde continuamente son obligados a bajarse la ropa íntima, violando así su dignidad. Estas peticiones se suponen son de rutina, pero si no obedecen dicha orden se toman represalias contra de ellos, les quitan sus objetos personales y no les entregan los que los familiares depositamos para ellos, que es muy poco, como son sus revistas y sus periódicos, para que al menos estén enterados de lo que acontece afuera.

Los familiares hemos sido víctimas de hostigamiento, los teléfonos intervenidos, por lo cual en febrero del 2001 yo presenté una denuncia a la PFR por este motivo. Esto es a grandes rasgos lo que hemos vivido los familiares hasta el día de hoy. Gracias.

¿Supieron desde el inicio de la detención que estaban en la base militar ?

Nosotros nunca supimos, nos enteramos por televisión, en las noticias, hasta el día 25 de octubre (fueron detenidos el 19 y 22 de octubre).

Junto con Jacobo fueron detenidas dos personas más, ¿sabe usted qué es de ellas ?

Eran una mujer y un hombre... De la mujer no sabemos con claridad qué pasó. Hablamos con su abogada y su familia y parece que todo anda bien, y de la otra personas jamás supimos de ella.

¿Qué motivos cree que tiene el Gobierno o quién haya sido para detener a Jacobo y a su esposa ?

Mi hermano y su esposa en el día de su declaración preparatoria ya en el penal, en sus cinco sentidos y todo, él acepta su pertenencia a grupo armado, y su esposa lo hace después ; el otro matrimonio se desliga. Esos fueron los motivos por los que fueron detenidos, por su pertenencia a grupo armado.

Digna Ochoa llevaba los casos...

Sí, en el mes de septiembre la licenciada que llevaba el caso de ellos nos informó que había sido nombrada como primera visitadora de derechos humanos del DF.

Contra la militarización. Testimonios de la compañera Genoveva García Luna, de la Unión de Pueblos de la sierra Zapoteca de Oaxaca, contra la militarización, y de Ricardo Loewe, de la Asociación de cristianos para la abolición de la tortura, también de Oaxaca.

Buenas tardes, me llamo Genoveva García Luna, soy integrante de la Unión de Pueblos contra la represión y la militarización de la región. Yo ya platiqué con algunos compañeros de ustedes, les voy a leer un documento sobre qué es lo que está pasando en nuestra región.

A los pueblos del mundo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones religiosas, a los estudiantes, organizaciones campesinas, organizaciones civiles, de inmigrantes :

La Unión de Pueblos contra la represión y militarización de la región, trae un saludo de paz y esperanza a todos ustedes, esperando que este encuentro constituya un puente que permita los pueblos de México y de la región encontrar una vida que permita desterrar por completa la injusticia, la pobreza y la violación a los derechos humanos que a diario se comete y se vive en las sufridas tierras de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas zapotecos de la región asentada en la Sierra Azul de Oaxaca desde antes de 1978 venían sufriendo el abuso de los caciques y pistoleros a sueldo, con el propósito de arrancarles sus tierras mediante el engaño, aprovechando y abusando de las necesidades de cada vecino, para hacerles firmar papel en blanco como aval de préstamos en efectivo. Esta actitud de los citados caciques trajo como consecuencia el despojo de tierras, y cuando los auténticos dueños pretendían rescatar su propiedad se enfrentaban a las balas asesinas de los pistoleros.

Aquella situación propició conductas de autodefensa de los campesinos, que se expresó en hacer justicia por su propia mano. No es hasta 1984 que decidimos organizarnos y construir una organización de pueblos indígenas zapotecos, con la que emprendimos la lucha por unas mejores condiciones de vida, comercialización de los productos del campo, electrificación de la región, apertura de caminos y carreteras, salud, educación, proyectos productivos, respeto a nuestros usos y costumbres, contra el poder de los caciques y salida de los pistoleros a sueldo.

Desde 1984 hasta 1996 los pueblos de la OPIZ desarrollamos un trabajo dentro de lo que otorga la constitución, y logramos tener por dos períodos el Ayuntamiento municipal quién trabajó por nuestros objetivos. El 28 de agosto de 1996, con la irrupción del EPR un vecino miembro del cabildo municipal es muerto en enfrentamiento con las fuerzas de marina, y el hecho lo tomó el Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, hoy ex Secretario de Gobernación, como una justificación para involucrar a todos los integrantes de la OPIZ con el EPR.

Queremos dejar claro, firme y decidido que nada tenemos que ver con esa organización. Después del 28 de agosto nuestra región se ha visto invadida de soldados, Ejército, PFP y todo tipo de individuos dedicados a recoger información para involucrar a nuestros hombres en supuestas actividades de terrorismo y crimen organizado. Nos vimos privados de nuestras autoridades, nuestros hombres obligados a refugiarnos en el monte, algunos muertos por el Ejército, aplicándose la ley fuga, a otros los aprehendieron y castigaron por supuestos delitos, en tanto que las mujeres se vieron obligadas a la doble tarea del cuidado de los niños y a trabajar para el sustento, mientras que viudas e hijas de presos y asesinados abandonaron sus tierras para plantarse frente al palacio de Gobierno y exigir castigo a los responsables de la constante violación de derechos humanos, a los caciques y pistoleros a sueldo que pretenden ahogar con sangre la lucha de los pueblos por defender nuestra dignidad y el derecho a una vida feliz.

Nuestras tierras y campos de cultivo se han convertido en asiento de las llamadas bases de operaciones mixtas que no han hecho más que aumentar el clima de intranquilidad. La pobreza se ha apoderado todavía más por el estado de sitio al que está sometido la región. Nuestra lucha la seguiremos desarrollando como hasta ahora, dentro de los marcos establecidos por la Constitución, para demandar :

1.  La libertad de los presos políticos.

2.  La salida del Ejército Federal mexicano y de la Policía Judicial Preventiva del estado y la desaparición de guardias blancas y paramilitares de las comunidades indígenas de la región.

3.  Cancelación de las más de 160 órdenes de aprehensión de los habitantes de esta región.

4. Castigo a los responsables de los asesinatos cometidos por guardias blancas o pistoleros.

Aprovechamos la ocasión para pedirles a la comunidad nacional e internacional el apoyo necesario para demandar al Gobierno de México soluciones a los puntos arriba citados, apoyos para proyectos productivos, promover la denuncia internacional sobre la violación de derechos humanos del Gobierno mexicano contra los pobres e indígenas del país, apoyos para fortalecer los proyectos de la asociación Sevil-siches.

La UPIZ agradece a todos su atención. Gracias.

Genoveva - Mi papá y mis dos hermanos estuvieron presos, ahora ya están libres. Los acusaron de doce delitos : terrorismo, conspiración, incitación a la rebelión, homicidio, posesión de armas de fuego...

Fueron detenidos 138 presos pero poco a poco les dieron la libertad por falta de pruebas. Todos son acusados de lo mismo y son sometidos a tortura : golpes eléctricos, bolsas en la cabeza, los obligan a firmar hojas en blanco...

A mis hermanos los obligaron a firmar hojas en blanco para declarar que formaban parte del EPR o grupos armados, y cuando se negaban los torturaban... A mis hermanos los detuvieron en 1997 y les dieron la libertad en el 2000. Fueron torturados y desaparecidos 24 horas, hasta que firmaron y los mandaron a las cárceles, con mi papá pasó igual.

Ahora hay 28 personas en las cárceles, unos ya fueron sentenciados de 40, 32 o 15 años.

Nuestra región está militarizada desde hace 6 años, con el pretexto de la aparición del EPR. En nuestras comunidades siempre hemos luchado por la mejora de condiciones de las comunidades, y el Gobierno nos responde con represión y encarcelamiento. Hay más de 40 asesinatos en la región y ahí se quedó, hasta las viudas tienen miedo de denunciar por la represión.

Hay una viuda, Estela que mataron a su esposo por medio de tortura y lo denunció e investigó a nivel internacional y hoy su asesino, Lucio Vázquez Rodríguez, se encuentra en la cárcel, después de tres años como presidente municipal. La compañera recibió todo el tiempo amenazas de muerte y hostigamiento permanente, situación que todavía perdura. También a nosotros nos hostigan, a qué hora entramos y salimos de nuestras casas... Por eso las esposas no lo denuncian, por eso nosotros lo denunciamos. Hacemos caravana en la región pero muchos caciques no nos dejan entrar, nos vigilan, llega la policía y el Ejército...

Los que fueron beneficiados por la ley de amnistía siguen siendo vigilados, ponen condiciones para que puedan salir, tienen que entregar armas... La gente vive con temor, no estamos tranquilos...

Para complementar la información que da Genoveva habla un doctor - Hemos entrevistado y tratado a más de 120 indígenas y sus familiares, sobre todo mujeres y niños/as que estuvieron frente al palacio de Gobierno de Oaxaca, durante 4 años en los que nacieron niños/as... Esas personas cayeron en el engranaje de le represión por dos caminos :

1.  Uno es directamente los que habían sido elegidos por el pueblo y tenían algún cargo público dentro de la administración municipal, todos fueron apresados.

2.  Aleatoriamente a través de brigadas mixtas se presentaban 30 o 40 agentes que irrumpían de madrugada en a las casas de las familias, sacaban a los hombres y se los llevaban, los torturaban en lugares ajenos a las instalaciones policíacas. Los torturadores en general eran militares y policías.

Dentro de estas maniobras de terror de estado cabe destacar que el Gobierno logró la complicidad de algunos miembros de la comunidad (los entregadores), que a cambio de dinero decían quién era supuestamente guerrillero.

Todas las personas que entrevistamos fueron torturadas. A los que ya fueron sentenciados les hemos hecho una historia clínica aplicando el protocolo de Istambul para demostrar que fueron torturados. Se trata de indígenas en general monolingües, que constitucionalmente deben tener juicios en su idioma, cosa que no ocurrió jamás, tampoco había intérpretes.

Conforme pasan los años van deteniendo otras personas y lanzan una amnistía, altamente irregular, que fue tan sólo estatal y en la que había que declararse guerrillero y entregar armas para que los soltaran. Esto dividió a las mismas organizaciones indígenas. Esta dinámica es parte del terror de estado y de la guerra de baja intensidad.

Tras la amnistía soltaron a unos 40 detenidos sin pedirles disculpas, y en muchos casos no pueden regresar a sus comunidades porqué allá siguen las brigadas mixtas que los amenazan.

Se pide una amnistía federal. En México no hay un sólo caso donde un torturador haya sido juzgado y condenado a pesar de haber firmado acuerdos internacionales contra la tortura.

¿Y por qué tanta saña ? En los años 70 empiezan a llegar mestizos a las comunidades que se adueñan de los recursos del bosque. Aprovechando como excusa la aparición del EPR, Lucio Vázquez, ex agente de la policía judicial, fue nombrado gobernador como premio por sus actividades represivas. Todo esto se enmarca dentro del marco del neoliberalismo que estamos viviendo. La actividad minera se ha triplicado en los últimos cinco años en el estado con ventajas que otorga el Tratado de Libre Comercio. Tras esto están las administraciones gubernamentales y las inversiones que pretenden mantener a la población sin capacidad democrática de participación. La guerra de baja intensidad sigue aunque con algunos logros, como la detención de Lucio Vázquez. Pero éste se halla en la cárcel junto con los presos acusados de terrorismo y esto crea grandes tensiones dentro de la prisión. Si los presos no quieren estar en esta prisión los llevan a otras de alta seguridad...

Sigue también la guerra sucia, la última vez que estuve yo en Oaxaca un periódico local, en una rueda de prensa que organizaron las compañeras, donde estaba Estela presente, le sacan la foto y publican que ellas dijeron que Lucio Vázquez estaba en prisión porque era del EPR. Estas maniobras de desinformación son parte de la guerra sucia.

Una última denuncia muy concreta contra el obispo de Oaxaca, que ha tomado el lugar de los represores, del Gobierno y los soldados, que no deja pasar ocasión para decir que bien merecido lo tenían estos indios que están en la cárcel porque querían violentar la paz social. Logramos tener una entrevista con él, y nos acusó de ser delincuentes y de pertenecer al EPR. Nosotros le aclaramos que no era así y él nos pidió una lista con quiénes son los buenos y quiénes son los malos, a lo que respondimos que no teníamos lista y entonces él nos pidió que nos retiráramos. Esto salió en La Jornada, donde el obispo decía que había platicado con gente del EPR, los cuales se confesaron ante él, pero es pura mentira lo que él dice.

Lograron tener ayuntamientos populares, ¿había antecedentes de un nombramiento de autoridades directamente por la comunidad o siempre antes de los partidos ?

En la comunidad la gente no conoce de partidos, sino de usos y costumbres. Si tienen que convocar asamblea general tiene que convocar el presidente municipal todos los que conforman el cabildo municipal, pero tienen que cumplir requisitos : personas que formen parte de la comunidad, que le presten sus servicios... Pero en este caso, en el de Lucio, por ejemplo, o en el de Jaime Valencia, hacen campaña en las comunidades y reparten víveres para ganar. Lucio hizo una campaña de amenazas y de esa forma ganó. Se hizo una asamblea general donde estuvo la gente de Lucio y la gente del pueblo ; acá ganó Jaime Valencia, que era muy amigo de Lucio y ellos eran quienes coordinaban para ir a detener gente.

Tuvimos una entrevista con Lucio y Jaime donde planteábamos que no estábamos de acuerdo con lo que estaban trabajando y ellos pelearon entre ellos, se acusaban el uno al otro de haberse dado órdenes de asesinar y detener gente. Se pelearon pues y Lucio no estaba de acuerdo que Jaime ocupara la presidencia, y a los 12 días de tomar Jaime la presidencia lo mataron. Lo que hace el Gobierno es mandar un administrador en la región, o sea desconoce el cabildo municipal porque según el Gobierno los que están ahorita no tienen capacidad para resolver los problemas. Ahorita no hay nadie en la comunidad que esté ahí por usos y costumbres.

Testimonios de la comunidad de San Miguel Copala, Oaxaca

Compañeros Pedro Ignacio Hernández Rosas y Cástulo López Pacheco, de la comunidad de San Miguel Copala, Oaxaca.

Buenas tardes. Queremos hacer una denuncia ante ustedes de la situación de injusticia y terror que se vive en la comunidad. Les voy a leer un documento :

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales

Hechos que se denuncian :

Impunidad en el caso de homicidio y tentativa de homicidio de (...) vecino de San Miguel Copala, Tuxtla, Oaxaca. Diego Francisco Vázquez, (...) Ramírez Vázquez, Roberto Cárdenas Rosas. Las autoridades correspondientes sólo han dictado órdenes de aprehensión contra Justo Tiófilo Santos de Jesús, Emilio Santos Vázquez, Justo , Paulino Salazar Allende y Julián Ramírez, autoridades materiales del atentado identificados por Roberto Cárdenas sobreviviente al atentado y Juan Ramírez que declaró antes de morir.

Últimas acciones del grupo paramilitar dentro del cual dentro del cual se encuentran :

  Secuestro de Pedro Hernández Rosas, Pedro Hernández Bautista, Félix Cruz Galindo, Albino Cruz Galindo.

  Amenazas de muerte y expulsión de vecinos de la comunidad.

El 19 de junio de 2001 en el llamado paraje de la muralla de tierra, de camino a la comunidad San Miguel Copala, fueron emboscados por unos 10 sujetos, entre ellos Tiófilo Santo de Jesús, Emilio Santos Vázquez, Justo , Paulino Salazar Allende, Julián Ramírez Martínez, Gregorio Pascual Hernández Santos.

Las armas con las que dispararon eran de alto poder y en el acto murió Francisco Vázquez y al día siguiente Juan Ramírez. Roberto Cárdenas estuvo hospitalizado 15 días.

El día 10 de julio se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de Tuxtla y de Guerrero, ratificándose con el número 1622001. El juez dictó orden de aprehensión en contra de los 5 agresores, no obstante a la fecha los presuntos responsables siguen libres y amenazando y agrediendo a los ciudadanos.

En agosto 15 jefes de familia salieron de la comunidad huyendo de las amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar. El 13 de agosto sujetos ajenos a la comunidad, entre los que se identificó a Rufino Zaragoza Merino. En complicidad con el agente municipal Raúl Rufino Santos convocaron a la comunidad para amenazar a los vecinos diciendo que se aliviaran para que no siguieran los problemas.

Con la finalidad de ejecutar las órdenes de aprehensión y se garantice la integridad física de los miembros de la comunidad se recurrió al entonces Presidente de Guerrero, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, Secretario General del Gobierno del estado y al Subsecretario de Desarrollo Político, a la Procuraduría del estado, sin que estos últimos actuaran en consecuencia pues los autores materiales de la emboscada siguen libres en la comunidad.

El 17 de enero a la 1 am fue baleada la casa de Ignacio Cruz por Ignacio Salazar Ramos quién disparó con gran calibre 22.

A las 7.30 am del día 27 de enero de 2002 fueron secuestrados 2 indígenas : Pedro Hernández Bautista y Pedro Ignacio Hernández Rosas por un grupo de aproximadamente 30 individuos fuertemente armados, que vestían chamarras y pantalón negro, de los que fueron identificados Justo Tiófilo Santo de Jesús, Emilio Santos Vázquez, Justo Paulino Salazar Allende, Julián Ramírez Martínez, Gregorio Pascual Hernández Santos, Juan Alfonso Robles, Ramón Celestino Vázquez, Manuel Francisco Ramírez, Armando Salazar Vázquez, Ignacio Salazar Ramos, Pedro Francisco García, Ortega y Juventino.

Las víctimas fueron introducidas a la casa de Julián Martínez donde los amararon, los golpearon, exigiéndoles que pagaran 15000 cada uno para ser liberados. Después los sacaron de la casa y los llevaron al paraje conocido como Paso del Aguila donde los tuvieron amarrados y los siguieron golpeando. Los dejaron ir aproximadamente a las 13h bajo la amenaza que en un plazo de 15 días pagaran la cantidad que se les pidió o serían ejecutados. Al ser liberados acudieron a la agencia del Ministerio Público de Tuxtla para presentar la denuncia correspondiente.

El día 1 de febrero el mismo grupo armado junto con el agente municipal Raúl Rufino Santos Pérez convocaron a la población para decirles que los que no se quisieran alinear se fueran de la comunidad o se atuvieran a las consecuencias. Al día siguiente abandonaron el lugar 6 jefes de familia con distintos rumbos. El día 10 de febrero dispararon a la casa de Pedro Ignacio Hernández rosas, haciendo un agujero en la puerta y en la lámina del techo.

A las 18 horas del día 16 Paulino Salazar Allende, Armando Salazar Vázquez, Ignacio Salazar Ramos, Justo Quirostrus y Juventino Quirostrus penetraron violentamente en la casa del señor Ignacio Eduardo Cruz amenazando de violación a su esposa, la señora María Antonia Sánchez, y exigiéndole 50000 dándole un plazo de 4 días para pagar. Instantes después hicieron lo mismo en la casa de Cornelio Núñez amenazando a su esposa, Carmen Martínez Aguilar, de violación y diciéndole que le echarían gasolina.

El 17 de febrero a las 7.15 am secuestraron a Félix Albino Cruz Galindo, igualmente fue llevado a la casa de Julián Ramírez Martínez donde lo golpearon.

El lunes 18 salieron de la comunidad Carmen Martínez Aguilar con sus hijos. El martes anterior un grupo de mujeres intento salir y fueron amenazadas con que si salían no regresaran o serían castigadas como los anteriores, haciendo alusión a los secuestrados.

El mismo día 19 se solicitó a la comisión estatal de derechos humanos que se enviara un grupo de observadores que garantizara la salida de la comunidad de las personas que querían salir sin respuesta favorable por parte de la comisión quien argumentó que no está en las funciones de dicha comisión garantizar la seguridad, que eso corresponde a los cuerpos policiacos. Por otro lado el procurador de justicia del estado se negó a recibir una comisión que tenía cita con él posponiéndola para la siguiente semana. De todo esto tienen conocimiento el gobernador del estado, la coordinación de derechos humanos del Ejecutivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo expuesto anteriormente evidencia la protección por parte de las autoridades municipales y estatales a todos los delincuentes que transgreden la legalidad y el estado de derecho. Solicitamos :

  Que se ejecuten las órdenes de aprehensión en contra de Justo Tiófilo Santo de Jesús, Emilio Santos Vázquez, Justo Quirostrus, Paulino Salazar Allende y Julián Ramírez Martínez, así como que se abran las causas penales en contra de los demás que resulten responsables.

  Que se garantice la integridad física de Roberto Cárdenas Rosas, Víctor Cárdenas Rosas, Cornelio Núñez Guitiérrez, Pedro Ignacio Hernández Rosas, Pedro Hernández Bautista, Félix Cruz Galindo, Albino Cruz Galindo, María Antonia Sánchez, Carmen Martínez Aguilar, Eduardo Cruz, Ignacio Cruz, María Cristina Martínez, Inocencio Ignacio de Jesús, Mateo Roberto Guadalupe Flores, Aurelio Martínez López y Crescencio Ignacio Martínez así como de todos los habitante sed San Miguel Copala que han sido hostigados y amenazados de muerte.

  Que desaparezcan los grupos paramilitares del estado de Oaxaca.

Las instituciones de Gobierno han estado retrasando la aplicación de la justicia usando el pretexto que este es un problema interno de la comunidad, y esto no es así. Dentro de la comunidad y el municipio hay algunos caciques que pretenden controlar a la comunidad y que tienen capacidad de financiamiento, y usando algunas personas y a través del miedo, el secuestro y los asesinatos mantienen el control de la comunidad. Esto provoca terror y exilio entre las familias.

Los grupos paramilitares siembran el terror e impiden que la comunidad se organice de forma independiente. Hay una protección del Gobierno hacia estos grupos, pues hay pruebas para aprehender a estas personas y las órdenes siempre se retrasan...

La policía preventiva dice que va a la comunidad y no los halla, pero ahí están, sembrando el terror... Algunas personas de la comunidad han visto a estos agresores montándose en los carros de la policía preventiva ; ahí está la complicidad entre ellos que retrasa la aplicación de la justicia." (Muestra de fotografías tras casos de tortura a unos compañeros).

Hay un libro que habla de cómo la comunidad de san Miguel Copala consiguió deshacerse de los caciques. ¿Cómo se explica el rebrote de estas malas fuerzas ?

Es que ahora son grupos externos...

¿Cuál es el objetivo de tanta presión paramilitar y policial ?

Que dejemos de organizarnos de manera independiente y nos alineemos con el Gobierno.

¿Hay algún proyecto económico por parte del Gobierno en esta zona ?

La zona trique es una región muy rica, muy productiva. A lo mejor es esta también una razón y las comunidades no se dan cuenta, pero si las comunidades se sienten a gusto organizándose a su manera hay que respetar ese derecho.

Testimonio de uno de los secuestrados

Fue un domingo a las 7.30 de la mañana ; tengo un hijo que tiene su propia camioneta que acarrea gente de San Miguel a Putla. Llegando a la casa del señor Julián Ramírez hay unas personas que le sacaron de la cabina y lo amarraron. Vinieron dos personas a avisarme a mi casa y me decían que fuera a casa de Julián, y llegando a la casa vi a mi hijo amarrado bajo una mesa. Me pidieron los 15000 pesos para ponerlo en libertad y me amarraron a mi también. Al rato más de 20 personas armadas había, y nos pateaban. Luego nos llevaron al paso del águila amarrados de nuevo y nos exigieron dinero otra vez. Cuando aceptamos pagar nos soltaron.

Nos fuimos de la comunidad con las familias a Oaxaca ; otros fueron a otras partes de México.

Si yo les entrego el dinero que piden igualmente me matan, por eso yo salí de la comunidad. Hasta ahorita no he regresado al pueblo.

Ahora pasamos del estado de Oaxaca al estado de Guerrero, concretamente e Yutla, zona con gran presencia indígena donde producen flor de jamaica, controlada por un cacique.

Presento el caso de una violación a una compañera de la comunidad, Valentina Rosendo Cardús, de 17 años, casada, que el día 16 fue violada cerca de su casa, en el hoyo donde lavaba su ropa, por el Ejército Mexicano. Ella pertenece al municipio de Acateté ; ella y su marido acudieron a su municipio y asistieron a una clínica, donde el médico del municipio se negó a atenderla, no le quiso dar receta médica, tan sólo 4 pastillas para calmar el dolor, pues la compañera también fue golpeada. Cuando la compañera consiguió llegar a su casa avisó a su esposo y éste al resto de gente, a la que pidió apoyo para hacer la denuncia.

Nota - Mañana tenemos intención de ir hasta esta comunidad y asistir al lugar de los hechos, aunque el Ejército se ha retirado de esta posición pues la noticia trascendió a los medios de comunicación.

Queremos hacer otra demanda sobre lo que ocurrió en el pasaje de El Charco, donde había reuniones de los representantes de las comunidades para platicar sobre proyectos y la producción de la zona, también había estudiantes que la gente les quería mucho porque siempre participaban en la reunión, y estos compañeros han sido detenidos como delincuentes acusados de pertenencia a grupo armado. Algunos ya fueron puestos en libertad porque se demostró que no era cierto pero otros no, y se hallan en penales de alta seguridad. Exigimos un castigo de los culpables y libertad a los presos. También exigimos que se indemnice a las viudas de los compañeros asesinados.

Existen también muchos casos de esterilización dentro del municipio, que cedieron a la presión de someterse a la vasectomía amenazados y coaccionados, contra su voluntad ; les dieron 50 pesos antes de ir y al salir del hospital les dieron unas despensas (un kilo de masa, de fríjol), y les dijeron que iban a ver más pero ya no tuvieron más (ni calzado, ni ropa). Los compañeros piden castigo para los que hicieron estos daños.

Testimonio de la comunidad de Roca Colorada

Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Lucas, soy de la comunidad de Roca Colorada. Vengo a presentar mi caso porque me he quejado mucho ante la comisión de derechos humanos y me han rechazado. Soy secretario de la comunidad, a veces me siento triste porque me quieren cortar la vida. A veces no camino por carreteras ni caminos anchos, me escondo por los mentes, voy cuidando mi vida pues...

El Gobierno ha tenido mucho contacto con los narcotraficantes, y ellos mataron a mi abuelito. Luego me quisieron agarrar a mí pero no pudieron. Yo hice la denuncia pero no me hicieron caso. Al Gobierno no le conviene gente como yo que haga denuncias desde la comunidad, me acusan de pertenecer a grupo armado.

El año pasado le dije un día a mi mujer que fuera a comprar maíz y que se llevara el burrito con ella, que mi hermano y nuestro hijo pequeño de 7 años la acompañaban. A mí me habían tendido emboscada, pero como no iba pues les dispararon a ellos tres, los hirieron. Mi mujer vio unos chavos pelados, que eran paramilitares. Yo hice la denuncia y el Ejército llegó a mi casa, disparando y buscando cartuchos, yo estaba tomando cafecito, me agarraron del cuello y me sacaron de la casa. Les pregunté porqué me hacían eso, y me estuvieron preguntando que si era de grupo armado, me llevaron al monte y me secuestraron, me llevaron a una cueva y me tomaron fotografías, y luego que me soltaron me regresé a mi casa. Bajamos a hacer denuncia con un compañero pero nos la rechazaron, no sabemos porqué. Pienso que algo también tenga que ver el presidente municipal, porque en junio del 2001 me dijo que tendría problemas como otros líderes indígenas.

Lectura de un documento

Soy indígena de la comunidad zapoteca, municipio de Acateté, Guerrero. Mi nombre es Florentina Rosero, tengo 17 años de edad, estoy casada con Fidel Granadino Sierra, tenemos una hija de 3 años de edad y nunca hemos tenido ningún problema con ningún vecino y menos con autoridades de la comunidad.

El día 16 de febrero me encontraba lavando ropa a unos 600 metros de mi casa ; una serie de personas me preguntaron qué estaba haciendo, las personas eran 4 soldados del Ejército Federal mexicano fuertemente armados, luego vinieron 4 más trayendo consigo a un señor que no conozco, esposado y asustado. Me pusieron un fusil en el pecho, me preguntaron por los encapuchados y yo respondí que no sabía. Me preguntaron si conocía al señor, dije que no, sacó un papel y me preguntó que si conocía a Ezequiel Sierra Morales, Encarnación Sierra Morales, Fidel Granadino Sierra, Facundo Sierra Morales, Pedro Sierra Morales, Silvano Vázquez, Pablo de la Cruz Vázquez, Armando Anastasio Juárez, Cándido García Gutiérrez, Raúl Apolo Granadino y Anastasio Cruz García.

Yo tenía mucho miedo y contesté que no conocía a ninguno aunque los conocía a casi todos, excepto Cándido García Gutiérrez y Anastasio Cruz García. El soldado que me estaba apuntando me dio un culatazo en el vientre y caí sobre la piedra en que lavaba y perdí el conocimiento. Al levantarme el mismo soldado me jaló del pelo y dijo que ya que no quería decir dónde vivían los iban a matar a todos ; me tiraron al suelo y abusaron sexualmente de mi los militares. Luego fui a mi casa, mi esposo fue a la delegación municipal y dio parte de los hechos. Mi esposo también lo comunicó a la asamblea de la comunidad, que respaldó la denuncia de los hechos.

El día 18 asistí con mi esposo a la clínica de salud de la comunidad de Caxetepel para que me atendieran de los golpes recibidos ; mi esposo explicó que había sido agredida por los soldados, sólo me dio 4 pastillas para el dolor aunque yo tenía hemorragia al orinar, le pedimos receta y certificado médico de mi estado de salud pero se negó y dijo que no se metía con los soldados por miedo.

Fui a Guerrero para que se me examinara, no fue hasta el 6 de febrero que se me atendió y se me diagnosticó traumatismo en el abdomen por los golpes que me dieron.

Hablan compañeros del Comité Estudiantil Metropolitano

Cuando ocurre la masacre de El Charco, el 7 junio de 1998, se encontraban dos compañeros universitarios, Erica Zamora Pardo y Ricardo Zabala Tapia, compañero que ya no se encuentra entre nosotros. Erica y Ricardo se hallaban en la comunidad ofreciendo un proyecto de alfabetización, y en el momento de la masacre de El Charco se hallan en la comunidad. Erica Zamora fue acusada de ser comandante del Ejército revolucionario, y actualmente está presa y condenada a 8 años y medio de prisión. Los integrantes del Comité Estudiantil Metropolitano fuimos hostigados y amenazados.

La compañera Erica fue torturada al ser detenida, llevada al penal de Acapulco y después trasladada al penal de Jalisco, penal de máxima seguridad donde se tiene a los peores delincuentes. En julio del 2001 fue trasladada a Guerrero. Actualmente la compañera plantea una huelga de hambre en distintos penales para exigir la libertad de todos los presos políticos.

Efrén Cortés se encuentra en Puente Grande, Jalisco. Es un compañero del PRD de destacada participación pública en Guerrero y también lo hacen aparecer como militantes del ERPI. El compañero se encuentra mal de salud pero su traslado no ha sido posible todavía.

La compañera Raquel Vázquez habla sobre Chiapas

El panorama del país es desolador. Estamos inmersos en una situación de guerra, por todas partes hay violaciones y denuncias. Nosotros estamos trabajando en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, que se encuentra sumido en una guerra de baja intensidad. Traemos un informe del 23 de febrero del 2002. Hay una orden de desalojo de 6 comunidades del municipio y más de 40 están viendo afectados sus derechos ejidales. El estado implementó el programa PROCEDE para regularizar la tenencia de la tierra, con el que pretende transformar la propiedad comunal en privada, para que estas tierras se puedan dividir y luego ser compradas por empresas.

En este estado está muy fuerte la entrada del Plan Puebla-Panamá. Dentro de estas comunidades es inminente la guerra, las comunidades no tienen dónde ir, no tienen más opción que resistir. Está muy dura la guerra de baja intensidad porque pretende romper la identidad, causar división, desmembrar el tejido comunitario y valores como la solidaridad, el apoyo, valores muy necesarios para mantener la resistencia en una comunidad.

Nosotros llevamos al municipio un taller de derechos humanos para niños/as, y así pudimos observar la guerra diaria : los bajos sobrevuelos, los rumores que pretenden crear confusión...

La desinformación que hay alrededor del PROCEDE impide que los habitantes de la comunidad puedan decidir. Se les dice que con la llegada del PROCEDE llegarán carreteras, hospitales, pero no que con la propiedad privada tendrán que pagar impuestos, y que no van a tener acceso a muchos servicios... El Gobierno en lugar de garantizar los derechos humanos los viola sistemáticamente.