Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

¿Cuál es la relación del gobierno con las ONGs ?

En lo que es el ámbito de Chiapas con el gobierno de Pablo Salazar, estamos hablando de la gente más cercana de Pablo, del primer círculo del gabinete, sus asesores mantienen un contacto guiado en unas premisas para intercambiar puntos de vistas con organizaciones sociales y ONGs posteriores a la elección y a la toma del poder y en estas mesas se intercambian lo que sería para las ONGs de derechos humanos y de otros temas más.

La agenda que el gobierno del estado debería tomar en sus manos e ir cumplimentando una serie de acciones para resolver lo que han dejado los gobiernos priístas pendiente. Estas mesa conforme ha pasado el tiempo y conforme se ha consolidado el gobierno de Pablo o por lo menos la capacidad de gobernabilidad de Pablo Salazar ha venido desapareciendo o han entrado en una etapa difícil cada vez hay mayor distancia frente a las ONGs y el gobierno estatal y bueno en el caso del FrayBa, las diferencias los han llevado a tratar de debatir algunos reclamos de justicia en los medios de comunicación, ha tratado de llevar a FrayBa en los medios de comunicación que evidentemente nosotros francamente no le vemos el sentido de debatir ante los medios de comunicación cuando se trata de un tema de injusticia. Para nosotros los medios de comunicación son una vía para fortalecer la solidaridad, presionar a los gobiernos para que cumplan con la demanda de justicia pero no es el espacio ideal para debatir con un gobierno del estado si un suceso estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos o no, eso se tendría que dar en otro ámbito y para eso el FrayBa aún sostiene con todo lo difícil que ha sido esta mesa de diálogo con el gobierno ; no sabemos si sea cierta esta vía, no sabemos que efecto pueda tener.

Pablo Salazar frente al conflicto y frente al EZLN ha sido cuidadoso en el sentido de no presentarse también como un gobierno contrainsurgente eso lo tiene muy preocupado sus acciones directas no han sido contra insurgentes, pero ha venido realizando actividades en temas de derechos humanos en concreto estaría la liberación de los presos zapatistas a principios de año y todos los presos zapatistas que dependían del gobierno del estado han sido liberados.

Directamente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos depende del gobierno del estado, es el gobernador quien propone la terna y solamente el congreso ratifica o deshecha a diferencia de otros gobiernos este sería el primer gobierno que solicita a las ONGs propuestas de quienes podrían ser los candidatos, esta comisión quedó acéfala durante 6 meses y bueno las acciones que tenía la comisión dejaban mucho que desear estaban bajo la misma lógica, la justificación es que no tenían presidente, fueron hechas públicas las declaraciones en los medios que no podían enviar recomendaciones al gobierno del estado hasta que no hubiera presidente, se nombra a Pedro Raúl López Hernández, esta persona se le ubicaría como un abogado neutral en Chiapas, no se le implica con ningún grupo político claro en el estado. Pedro Raúl ha venido haciendo una actividad interesante en cuanto a que ha tratado de mantener en la medida de lo posible la mayor autonomía del gobernador que eran situaciones que no ocurrían en las administraciones pasadas, el presidente de la comisión era un empleado más del gobernador aún con todo esto y aún con toda la intención del gobierno de Pablo de no aparecer como contra insurgente las violaciones de derechos humanos han tenido una continuidad, por un lado estaría la explicación de los problemas estructurales que existen aquí, se entiende que no se resuelven en un año ni siquiera los problemas personales en seis años de gobierno, otra situación es la inercia de la guerra de baja intensidad los efectos que se siguen dando en las comunidades, y uno más sería como consecuencia de esa guerra de contrainsurgencia, la reestructuración del tejido social, ese reacomodo de fuerzas en las diferentes regiones con este nuevo gobierno, de ahí los nuevos y diferentes actores políticos y económicos en las diferentes regiones de Chiapas reacomodándose y generando nuevas correlaciones de fuerzas en los diferentes municipios.

Partiendo de estos tres elementos, si no me equivoco parece ser que el sistema de procuración de justicia el aparato de procuración del sistema de justicia donde están los policías, la Seguridad Pública, ministerios públicos seguirían siendo la fuente primaria de denuncias de probables violaciones de derechos humanos y digamos como dos temas que han causado cierto resquemor al gobierno del estado el operativo de Marques de Comillas el 27 de julio de 2000 y la pugna que existe entre el presidente de la comisión de derechos humanos y hasta diciembre el jefe de asesores de Pablo Salazar a partir de enero ya es Pablo Salazar concretamente.

Ustedes seguramente saben que hubo una serie de denuncias hacia finales del año del presidente, de presiones del gobierno del estado para evitar que sacaran las recomendaciones en el operativo de Marqués de Comillas y el del operativo de Venustiano Carranza, un operativo que se dio un mes antes el 25 de julio, y para el cual se utilizó una base de operaciones mixtas para detener a dos presuntos responsables de asesinar a 8 campesinos en Venustiano Carranza el 19 de Abril, esta pugna ha llegado a tal punto que el 14 de enero de este año el presidente sufrió en carne propia el primer atentado, nuestra valoración desde acá es que este atentado difícilmente lo podemos ubicar como un atentado planeado desde el gabinete, como en algún momento sugirió una de las acusaciones, nosotros consideramos que una de las hipótesis que manejamos es que frente a las acusaciones del gobierno de Pablo en el cual ha tenido algunos puntos favorables como la revisión de la administración pasada y tratar de implementar las acciones jurídicas en función de las anomalías encontradas de la administración pasada de los cuales hay ahorita tres funcionarios de alto nivel de la administración pasada detenidos, ninguno está vinculado con los grupos paramilitares, ninguno esta vinculado en el contexto de la guerra de baja intensidad, estarían principalmente vinculados a desfalcos en el presupuesto del erario público, salvo en el caso del ex procurador de justicia que está detenido no solo por peculado sino por asociación delictuosa y este estaría vinculado a escuadrones de la muerte en la región costa, que se dedicaban a desaparecer a gente, es decir secuestradores.

Digamos que estas acciones le han valido cierta respetabilidad al gobierno pero bueno siguen dejando abiertas muchas dudas en cuanto a que esta revisión sea una medida política de presión para los grupos de poder opuestos al actual gobierno y digamos es en ese contexto que nosotros sostenemos nuestra hipótesis de que estos grupos que han venido siendo afectos a la administración pasada estarían detrás de este atentado del presidente de la comisión de derechos humanos, dado el momento el contexto en que se presenta y teniendo más o menos claro que para el actual gobierno lo menos benéfico es un atentado contra un representante defensor de los derechos humanos.

El gobierno también ha venido implementando una serie de reformas a los códigos estatales, una de las cuales consideramos positiva a reserva de una valoración más a fondo, es la del reconocimiento de la tortura como un delito grave, es de los pocos estados creo que es el único después del DF que tipifica la tortura como un delito grave en uno de sus códigos locales, la desaparición forzada también la tipifica como un delito grave, pero ya les digo que a reservas de hacer una valoración más a fondo que en lo inmediato son positivas, tenemos que ver los términos en que está determinada esta nueva ley, el secuestro está también como un delito grave, el cual puede ser utilizado por diferentes vías, tanto los que hacen presión política con la retención de funcionarios como para otras actividades, en general lo dejaría ahí complementar algo si hay.

Bueno quizá agregar que finalmente en este año de un nuevo gobierno estatal y federal en términos duros digamos seguimos recibiendo denuncias graves a las violaciones de derechos humanos, denuncias graves, que incluyen la persistencia de la tortura sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, la valoración es que después de 70 años de un solo partido en el poder las consecuencias que estamos viendo son que no haya desarrollo de instituciones y las causas que finalmente permiten que las violaciones a derechos humanos se sigan dando, permanecen intactas.

Ha habido un desencuentro en la acción entre las ONGs de derechos humanos y estos nuevos gobiernos a como atender el tema de derechos humanos es evidente que a principios de este gobierno de Fox se mantenía esta idea que era la misma de Zedillo que el asunto de derechos humanos era un asunto de agenda exterior y no un asunto interno, tiene mucha relevancia de cómo es a partir del asesinato de Digna, en que se establece esta mesa en la secretaría de gobernación, es un asunto que las ONGs venimos impulsando desde muchos años atrás todavía en ala administración de Zedillo como la necesidad de establecer un espacio de política interna que atendiera las problemáticas de fondo en derecho humanos y no los casos que se presentan a nivel internacional que no son más que síntoma de una situación que se vive en el interior. Desafortunadamente fue con el asesinato de Digna que se ejerce una presión a grado de abrir esta mesa en gobernación que no ha estado ausente de dificultades fruto de que todavía no hay un convencimiento de que la situación a nivel interno deba atenderse desde una instancia a ese nivel, se libera a Gallardo, a los ecologistas a los zapatistas, etc. Como muestras de buena voluntad pero sin atender los problemas de fondo que finalmente se esta topando este nuevo gobierno frente a instancias como la Comisión Interamericana, etc.

Por no estar atendiendo las causas de fondo, hay una crisis entonces de institucionalidad, las instituciones han estado al servicio de la política y no la revés y con un nuevo gobierno con una posible una nueva y renovada voluntad de hacer las cosas bien, pues se topan con que no hay instituciones. Por primera vez el congreso en la historia moderna de este país, está ejerciendo su papel, con muchas deficiencias como podemos ver en esta discusión de la aprobación de la ley indígena, el asunto incluso de la reforma fiscal, no hay que olvidar la coherencia entre diputados y senadores sobre el proyecto de nación que se quiere y por supuesto los excluidos son los de siempre, se puede replantear la ley fiscal por que hay presión de los empresarios, quienes tienen dinero, pero no la ley indígena por que es una presión menor, evidencia también una falta de representación política de los pueblos indígenas, esto era de por sí evidente hoy lo es más, no hay nadie que hable por los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, no hay nadie que represente los intereses de los pueblos indígenas en ninguna instancia del gobierno lo cual sigue de alguna manera legitimando que haya un alzamiento armado por los derechos de los pueblos indígenas.

Para nosotros como Centro de Derechos Humanos estos dos temas son digamos los puntos neurálgicos de la situación de los derechos humanos hoy en México, la justicia como manera de resolver los asuntos del pasado, no solamente la manera de resolver casos consumados como pueden ser la matanza del "68", desaparecidos de los 70, los caso que hemos mencionado últimamente, sino la construcción de instituciones y esto ligado al tema indígena que nos sigue interpelando que si no nos lleva a la construcción de un país que reconozca esas diferencias culturales étnicas desde sus propias instituciones de estado, van a permanecer otros muchos años en situación de discriminación y por lo tanto de pobreza, estos asuntos está fuera de la agenda de este gobierno, se ha limitado el tema de derechos humanos a un papel de no hacer, es decir nos comprometemos a no torturar, pero no avanzar en un programa que vaya de alguna manera teniendo sus rezagos hacia futuro, es en ese marco en que persisten las violaciones a los derechos humanos y bueno los casos y los datos son los que nos indican esta situación.

Yo agregaría en cuanto a la acción de Pablo Salazar el actual gobernador del estado, que ha implementado producto de sus alianzas para llegar al poder de gobierno toda una estrategia de supuesta reconciliación, es en este sentido que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha dado un seguimiento a todo este trabajo con desplazados de las comunidades con motivo del conflicto armado, Pablo Salazar no tiene una estrategia de atención real, de atender la cuestión de fondo, sobre todo de reestructurar lo que ha dado origen a todos estos desplazamientos, más bien está orientando su política a través de los comisionados para la paz y la reconciliación a negociar con las comunidades acuerdos en los que prácticamente está impulsando algún tipo de amnistía es como el borrón y cuenta nueva. Aquí vamos a cancelar las ordenes de aprensión en contra de los responsables de los hechos sangrientos que se dieron a partir del 94 para acá y dejamos de perseguir.

En cuanto al tema de paramilitares, ni a nivel federal ni a nivel del gobierno del estado hay como respuestas uniformes ni un trabajo que pudiera dar cuenta de que el gobierno del estado esta haciendo realmente algo de fondo, más bien ha liberado a los líderes de paramilitares, a los que ha detenido los han procesado por delitos menores y al final de cuentas han salido libres no hay acción más de fondo. Es lo mismo ahora con la detención de Diego Vázquez uno de los líderes paramilitares de "Paz y Justicia" que nos dicen que los delitos por los cuales a él lo detienen ya han prescrito y apenas se está viendo si se le acumulan algunas otras denuncias.

El año pasado también la PGR hizo algunas investigaciones en la zona norte, no hay ningún informe acerca del trabajo que ahí se hizo de las denuncias y de todos los procesos que ellos tienen iniciados, no hay nada acerca de esto, lo del Bosque también es una forma importante de impunidad.

Por ejemplo en Febrero del año pasado se encontraron varias osamentas enterradas de manera clandestina en territorio de Paz y justicia, presuntamente de gente reportada como desaparecida, hubo un movimiento de familiares de desaparecidos para que se les hicieran muestras de sangre para ver si se podían identificar el parentesco con de las osamentas con estas gentes y resulta que las pruebas fueron insuficientes no se pudo probar nada y hasta la fecha no sabemos la identidad de las osamentas y no sabemos el paradero de los desaparecidos, no queremos presumir que esas osamentas sean de los desaparecidos pero no hay más líneas de investigación sobre el asunto ni la razón por la que esas osamentas se encontraban en ese lugar clandestino, ni una investigación en torno a las posibles causas de deceso de esa gente mucho menos un responsable, nos parece que el caso de las osamentas es un asunto fundamental para poder atender el problema de los paramilitares y se detiene a Diego Vázquez por un delito menor, se detiene a Samuel Sánchez por un delito de desalojo y finalmente sale libre y bueno no vemos mucha claridad de que realmente haya una voluntad por resolver el problema de los paramilitares por lo demás siguen armados, etc.

En cuanto a los cuerpos policiacos, seguimos recibiendo algunos casos de tortura en donde han estado involucrados agentes de la policía municipal y también las víctimas les han denunciado la participación de miembros de la policía judicial del estado, ahí la postura de Pablo Salazar ha sido la de no reconocer que efectivamente la tortura es una cuestión que se sigue dando en su gobierno y no ha realizado acciones contundentes de iniciar las investigaciones de sus funcionarios, ni siquiera como responsabilidad administrativa, mucho menos como una responsabilidad de tipo penal, entonces nos parece muy grave que la postura siga siendo esta la de negar cuando si hay en el Centro documentados algunos casos de estos que se han denunciado y tampoco hay acciones para investigas más allá, en ese sentido nos encontramos la postura del actual gobierno.

En el caso de los desplazados y ustedes sabrán que más de mil personas retornaron, estas personas estaban desplazadas desde el 97 a sus lugares de origen aquí cabe señalar que la decisión es unilateral. Las Abejas ante una situación de agotamiento de recursos naturales de apoyos solidarios y la propia desesperación de la gente de mantenerse fuera de sus lugares de origen llevan a tomar la decisión de retornar, aún a pesar de no estar todas las condiciones mínimas de justicia ni condiciones favorables para ese retorno, aquí destaco también que el gobierno del estado publicita estos retornos como una acción de responsabilidad del gobierno lo cual en la realidad es una acción en la que el gobierno únicamente colabora en la primera etapa del retorno, es decir que regresen y después comprometer a las autoridades municipales a un acuerdo de no-agresión mutua en el que básicamente estarían diez artículos de la constitución política de México lo cual es muy significativo de la inexistencia de nuestro estado de derecho en estas regiones.

El caso de Tila es esencialmente igual, se pide respetar la integridad física, el libre tránsito, la libertad de reunión, todo lo que ya está contemplado en la constitución es lo que hay que respetar, otra cosa destacable del planteamiento político de Pablo Salazar en términos de reconciliación, estaría en la lógica de primero nos reconciliamos y me firmas un papel de no-agresión y después vemos que hacemos con la justicia, es decir en este caso estaría la justicia con un elemento a negociar con los grupos confrontado y en la medida de que los grupos confrontados acepten o no la propuesta de reconciliación del gobierno del estado es que se aplicará una acción concreta de la aplicación de la justicia o no, estaría dando una amnistía de facto, sin tener ningún parámetro ni legal ni jurídico para poder realizar esto, a diferencia del EZLN que hay un planteamiento jurídico, hay una ley para el diálogo una serie de elementos que permiten sí amnistiar o en su acaso detener las ordenes de aprensión, para el caso de los otros no hay este marco jurídico sin embargo se amnistían en los hechos y eso sería ya nomás como una participación.

Sobre el tema de los desplazados que regresaron ¿han podido regresar a sus hogares, a sus tierras ?

Hasta el día de hoy la gente de Las Abejas está ya en sus tierras y ha habido, la insistencia en las amenazas de posibles desalojos a estas familias que regresaron sigue siendo algo constante, no ha disminuido en nada, ha sido permanente a tal grado que se planteo nuevamente la posibilidad de desplazarse por estas amenazas, y bueno, la posición del gobierno ha sido más asistencial, bueno yo te puedo apoyar con unas despensas de aquí a diciembre nada más.

No ha habido indemnizaciones por que aún no ha finalizado el proceso judicial por los daños causados particularmente en el asunto de Acteal, que se están empezando a desahogar, son varios juicios varios expediente, en la gran mayoría de ellos los jueces están eximiendo la responsabilidad para la reparación del daño a quienes están siendo señalados como responsables particularmente te estoy hablando de Acteal, por ahí no va haber salida, lo que se puede aportar ahorita es más bien a nivel humanitario. Más que considerar una indemnización, en general el caso como tal no se ha agotado se sigue litigando el caso de Acteal con muy pocos resultados, sí hay gente condenada sentenciada por algún tipo de responsabilidad en la masacre, pero es gente, digamos mandos bajos de los grupos priístas de la zona, incluso en el contexto de retorno de Las Abejas se dio una sentencia en donde creo que fueron treinta y tantas gentes que fueron sentencias y seis fueron liberadas, resulta que estos seis son los líderes de los grupos paramilitares y priístas de la región esto incluso fue motivo de alarma y fue leído por Las Abejas como una amenaza, es decir acabamos de llegar y como a la semana liberan a seis de los responsables, fue cuando comenzaron a circular los rumores de posibles desalojos, entonces como no se avanza a nivel de la justicia no se puede hablar de indemnizaciones, de responsabilidades, de impartición de justicia, todo es más bien a nivel de poder distender un poco el conflicto, generar cierto tipo de acuerdo y condiciones para que no haya más agresiones, pero nada más. Las Abejas han insistido : "regresamos pero sin condiciones, empezando por que no hay justicia"

Ahora en el contexto de los desplazados nosotros seguimos contando alrededor de 10,000 desplazados por motivos del conflicto armado, de guerra, calculamos otros 40,000 por otros conflictos como agrarios etc., y en el universo de estos 10,000 de guerra solamente los que han podido retornar son las Abejas, son como 300 o 400 que ni siquiera es representativo de una situación general para los desplazados. Por el contrario en el resto, surgen las amenazas de las poblaciones de desplazamiento, de las comunidades de origen, de enfrentarse si se trasladan. Para el resto de los desplazados que no son los de Chenalhó, el regreso ahorita es impensable, con todo lo que esto trae como consecuencia en términos de subsistencia, en términos de garantía, algún tipo de seguridad de tenencia sobre la tierra en la que ahorita están

¿Ha dicho 40,000 por razones agrarias a qué se refiere ?

A problemas no por desplazamientos de grupos paramilitares, o de seguridad pública sino confrontación en los ejidos, asuntos de tenencia de la tierra, control de caciques locales. Digamos al margen del conflicto de Chiapas, del EZLN.

En ese sentido cabría mencionar que el caso de San Juan Chamula es contrario a lo que se esperaba de un gobernador además protestante que se iban a tomar cartas en el asunto de San Juan Chamula como un caso muy particular de Chiapas, el desplazamiento de población, la expulsión de habitantes es constante y permanente, en realidad sigue siendo un municipio de excepción ; el gobierno en aras de la gobernabilidad y la estabilidad de los municipios en este en particular, ha tomado la decisión política de intervenir lo menos posible, es decir que las condiciones se sigan dando como hasta ahora se han dado, que sigan habiendo las expulsiones, las agresiones se sigan dando, siguen siendo contra población que esta cuestionando los cacicazgos locales, sin embargo no hay ninguna acción concreta por parte del gobierno del estado para establecer las garantías de la población.

Pero por ejemplo el asunto de las personas desplazadas a ser bases del EZLN y al negarse a firmar los acuerdos que pide la comunidad ese si que es un contexto del conflicto esto como se valora como un asunto agrario o como un asunto de, estoy refiriéndome a personas que son bases de apoyo del EZLN y que se niegan a firmar en un proyecto de PROGRESA, PROCAMPO y entonces la comunidad les expulsa, tengo la impresión de que no son una cantidad tan pequeña que son una cantidad importante o me equivoco.

Recientes. No sé. Bueno en el caso del EZLN en el último año lo que ha habido efectivamente frente a los dos nuevos gobierno han cambiado muchas posiciones, hay comunidades que han entrado ya a los programas del gobierno de asistencia social, *donde todos estos son para incrementar más la marginación…y ha habido varias amenazas y algunas expulsiones de bases zapatistas en algunos ejidos de comunidades debido a que se han negado a esto, esto lo ubicaríamos nosotros en lo que es el contexto de la guerra de baja intensidad, lo que genera una guerra de baja intensidad y en este momento podemos decir que es la guerra de baja intensidad que están llevando a cabo Pablo y Vicente Fox, lo que si podríamos decirles es que la inercia de esta guerra las motivaciones y las intensiones, sus objetivos, es la descomposición del tejido social en las comunidades, digamos sigue siendo todavía un efecto que se vive en las comunidades y sí estarían dentro de los efectos de la guerra.

En cuanto a los casos de tortura que habéis dicho generadas por las corporaciones policiales eso digamos... ¿ha disminuido o ha aumentado ?

¿El número entre 2001 y 2000 ?. Pues de algún modo sí, lo que a nosotros nos preocupa es que se sigan dando, no podría decir que si anteriormente teníamos documentados más casos de tortura y ahora un poco menos.

Yo preguntaba si siguen persistiendo o si hubo un cambio radical.

Justamente lo que nos preocupa es que siguen persistiendo. Estamos terminando de hacer una valoración anual todavía no la tenemos para nuestro informe anual, pero saldrá próximamente pero en términos generales, lo que persiste en la practica de la tortura es que persisten las condiciones para hacerlo entonces sin saber si fue más o menos pero seguramente es algo similar eso es lo que más nos preocupa.

¿Sobre investigaciones de casos contactados como los anteriores no se ha hablado ?

Uno de los casos más significativo de este nuevo gobierno sería el de Marques de Comillas en el cual se realiza un operativo y se identifican violaciones graves entre ellas la tortura y sin embargo la posición frente este caso en particular y podría ser un síntoma de lo que se viene, el gobierno ha desechado toda probabilidad de que la policía haya ejercido torturas a los responsables en ese sentido lo que menciona Michel, es que tenemos una estructura de policía en la que su "modus operandi", torturo saco una declaración o hago un uso excesivo de la fuerza o saqueo a la población, esa es una mala estructura y que sin embargo el gobierno del estado no ha comenzado esta revisión del aparato de justicia, en eso si queremos ser muy puntuales ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han hecho una revisión de los aparatos de justicia para ir haciendo las modificaciones necesarias que permitan ir aliviando toda esta gama de violaciones que son particularmente cotidianas.

Estamos hablando que la PGR ha ocupado cinco mandos militares en la estructura policiaca, policía judicial federal y ahora el "FBI" mexicano.

Los mismos policías son los que violaban y torturaban, y estos mismos policías son los que violan y torturan otra vez.

¿El ejército sigue utilizando las mismas tácticas aquí en el estado de Chiapas ?

En el caso del ejército si podemos considerar que ha habido una disminución del ejército como agente de violaciones, o la institución con mayor índice de denuncias de violaciones de derechos humanos, ha modificado el patrón de operación en el estado y ha tratado de ser lo más discreto posible.

A partir de la toma de posesión de Fox, sigue habiendo muchas denuncias de hostigamiento militar, incursiones del ejército a comunidades, grabaciones, preguntas de quienes son los líderes etc. ; este hostigamiento no de alto perfil pero si de bajo perfil, no ha variado es una constante, en ese sentido no ha variado pero el hecho de que ya no estén los retenes militares, que el número que había hasta el año 2000 que nosotros teníamos como 53 retenes militares y a la fecha tenemos 8 retenes militares fijos que aun que también han utilizado la modalidad de ser retenes itinerantes que te puedes encontrar hoy en una comunidad y al día siguiente te los encuentras en otros.

Es que se trata de una modalidad permanente, según lo que nosotros hemos visto y lo que hemos visto y oído, además con un sistema nuevo que es un sistema mixto entre policías y militares.

En una base de operaciones mixtas, digamos siguen habiendo las denuncias aunque el ejército está tratando de ser más discreto, las incursiones a las comunidades son mucho más rápidas, de tal forma que no hay posibilidades de documentar. Eso es una práctica constante y aquí cabe destacar que hay algunas regiones del estado entre ellas donde hay municipios autónomos, en donde esta práctica es más recurrente y en algunas esta practica ha casi desaparecido, como ejemplo el municipio de Chenalhó ha desaparecido, por lo menos las denuncias son sustancialmente menores pero hacia el caso de la selva en Amador, eso sigue siendo muy recurrente.

¿Al hablar de la selva se considera desde qué lugares, Amparo Aguatinta, Comitán ?

Sí, estamos hablando de cañadas y la selva fronteriza y estos siguen siendo muy conflictivos.

Quería preguntar por que me lo han sugerido, sobre el tema de José Jesús Hidalgo, ustedes intervinieron, es un tema desde el 99.

Pues están los jurídicos que son los que están directamente siguiendo el caso a nivel jurídico, les dan asesoría a las gentes, yo tengo la actualización. Hasta donde sé puedo asegurar que el caso de Hidalgo está ya prácticamente detenido no hay ninguna investigación, no hay un avance.

Es el caso prácticamente de un expediente mal distribuido genera una sentencia a la que se recurre y en la que se absuelven a los indiciados en primera instancia y él se queda.

En ese sentido digamos que esto de las averiguaciones en como se elaboran si es una práctica recurrente de los ministerios públicos sobre todo de los casos que hemos hablado de la gente que ha salido liberada salió por que la averiguación estaba mal elaborada entonces ahí hay una intencionalidad desde el ministerio público de no juzgar una serie de casos.

Es un tema que queríamos tocar, estuvimos en la cárcel de aquí de San Cristóbal y hemos visto que había como una cuarentena de presos políticos y lo curioso del tema es que nos pasaron a nosotros las imputaciones que tienen, por que es obvio desde una óptica occidental resulta asombroso, por que casi todas las imputaciones de los presos políticos son en una buena mayoría contra la salud pública y en otros casos homicidios, violaciones, como el caso de una mujer que está en la cárcel acusada por secuestro y violación y es una mujer, y queremos saber un poco su opinión sobre este tema.

Pues es que es muy común, es decir en México hay un promedio de cómo 6 mil indígenas presos, básicamente acusados de delitos contra la salud es decir de narcotráfico, en algunos casos pues sí es gente que llevaba en su burrito una carga o trabajaba de alguna manera, pero finalmente no son los capos, es gente que muchas veces no hizo nada más que eso, pero además el delito es lo que más utiliza el gobierno, en la prefabricación del delito pero es el pan de todos los días es muy común en Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en todos lados, al grado tal, que pareciera un tipo de no sé, como de sistema de equilibrios y pesos, de esto ya lleva muchos años, en el 93 hicimos una campaña de liberación de presos y había 6 mil, se redujo a 4 y al año siguiente había 6 mil y se mantiene en seis, seis, seis y entran y salen y entran y salen, pareciera un poco para justificar la lucha contra el narcotráfico encarcelan a esta gente para justificar las políticas indigenistas luego las liberan y el promedio se mantienen en seis no sé este año sería interesante revisarlos pero se mantienen en seis, pero siempre son indígenas campesinos, pobres, y se presta pues para rencillas personales, se presta para mantener ciertos equilibrios de poder local entre mafias y policías, eso es muy común, es la criminalización de la pobreza, es la historia de las causas en este país.

¿Y esa campaña que hay sobre la liberación de presos indígenas ?

Eso fue en el 93.

¿Y ahora no lo hacen más ?

Esa ha sido la política de toda la vida del INI, el INI siempre ha llevado a cabo esa política. O sea, el INI tiene un programa o ha tenido un programa específico de liberación de presos a eso me refiero, sacan a los presos y luego meten a otros. Es una campaña permanente. O sea, el INI los saca y la PGR los mete otra vez.

Por que otra cosa que hemos observado es que hay muchos presos que solo hablan su idioma y según nos cuentan en el juicio no han tenido traductor, no han tenido nada, ni siquiera saben por qué están ahí ni donde se encuentran. Parece ser que no hay reglamento penitenciario y si lo hay nadie lo conoce, es decir que hay unas arbitrariedades a sus anchas.

Esa es la historia de las cárceles de este país. En todo el país supuestamente tienen reglamentos pero nadie tiene acceso a ellos.

Supuestamente existen.

Sí, sí, sí. Hubo un problema hace poco también en, hubo una recomendación hace poco de la comisión estatal de derechos humanos sobre la cárcel de Tapachula, no saben, donde tal cual le dijeron a los visitadores "pues si hay un reglamento " pero nada más … cuando salga la recomendación se hiciera una campaña para que conocieran el reglamento los presos. Las cárceles son un hoyo negro en este país es un estado de excepción.

El tema de la duplicación de los nombres, de los homónimos...

Aquí en Chiapas es terrible, es terrible. Aunque vivas a mil kilómetros y el día anterior... es que tienen los nombres y los apellidos iguales y les encasquetan todos los delitos cometidos es decir cualquier numero de delitos

Sí y henos visto que se utiliza esto, como hay innumerables órdenes de aprensión que no se ejecutan, luego parecen como directorios, y uno busca que orden de aprensión no se ha ejecutado y hubo el caso de un hombre que se llamaba Juan Pérez López, que resulta que cometió un delito en Tapachula, pero resulta que el tipo que me viene molestando y que vive en Bachajón se llama Juan Pérez López, se ejecuta la orden de aprensión, lo meten en la cárcel y esta un rato dentro en la cárcel y luego dicen ah, disculpe usted. Pero se utiliza como presión para rencillas locales, que todo esto tiene que ver con la falta de instituciones, aquí no hay seguridad jurídica de ningún tipo.

¿Y eso no ha mejorado con el nuevo gobierno tanto federal como estatal, esto de la seguridad jurídica ?

No, por supuesto estamos hablando de impunidad, estamos hablando de una falta de política programática.

Sobre el tema de la contrainsurgencia antes parecía muy claro que se utilizaba al ejército y a la policía, tal como en Amparo Agua Tinta, Del Bosque es decir de un montón de casos en los cuales había una violencia directa del ejército contra las comunidades, pero parece que ahora el ejército ha pasado a un segundo plano, en el sentido de que bueno al desaparecer de los caminos y carreteras "casi" en cuanto a esa serie de retenes fijos, porque no ha desaparecido, parece que el tema de la contrainsurgencia no es lo mismo o sea en eso ¿cómo se está aplicando la política del INI si es que es aplicable ?

Ah, es que esto es muy complicado. Ahora estamos viviendo las consecuencias de la contrainsurgencia, y al mismo tiempo si se está aplicando algún nuevo tipo de contrainsurgencia, estamos viendo un elemento nuevo, este elemento es que antes se presentaba el conflicto de Chiapas como un conflicto entre comunidades y por eso estaba justificada la intervención del ejército, de la policía estaba claro que no era así, sin embargo ahora estos elementos han quedado desdibujados y están apareciendo conflictos en las comunidades.

Bueno sigue siendo el argumento para mantener la presencia del ejército en Chiapas y sigue siendo el argumento de fondo de la política de reconciliación del Estado, es decir las mesas de negociación de reconciliación del Estado está en la lógica de comunidades enfrentadas que hay que unir, reconciliar, se tapa toda la dimensión de toda la contrainsurgencia de los paramilitares y del conflicto, está ausente. Efectivamente hoy hay una nueva dinámica de confrontación de las comunidades que yo creo que tiene que ver como producto finalmente del cambio de gobierno, si lo vemos por el lado zapatista es decir muchas de las organizaciones que tradicionalmente eran aliadas hoy tienen sus cuadros dentro del gobierno del estado y están implementando programas de diversa índole vivienda, desarrollo producción dentro del mismo territorio y el EZLN que se mantiene en resistencia y nada del gobierno ni nada de esas cosas esta atrayendo ese conflicto que antes era con priístas, con los que antes eran sus aliados empiezan haber muchos problemas entre las comunidades.

Es un poco que el gobierno del estado no quiere aparecer como el que le hace el juego a la contrainsurgencia pero en tanto que el gobierno aplica un poco acríticamente sus proyectos genera efectos de contrainsurgencia, por lo menos así lo ven las comunidades zapatistas, y ha habido pronunciamientos muy fuertes en ese sentido, solo que ahora ya no es "Paz y Justicia" sino la "ARIC", ya no es el PRI es "ORCAO", son visiones distintas de una política entre unas organizaciones y otras particularmente las zapatistas que son más radicales, entre este otro tipo de organizaciones que han estado más en el contexto de la transición política de los partidos y un poco por ahí, eso ha generado muchos conflictos.

En cuanto a los militares ¿tienen datos del número de quienes siguen siendo los 70 mil que eran antes ?

Hay más o menos 101 puestos militares que nosotros tenemos ubicados, estos ocho que te decía Noé son retenes y los 101 son campamentos militares.

¿No ha habido retiro ?

Retiro como tal de tropa así visible y fuerte no lo ha habido, ha habido reacomodos, ha habido reubicación del ejército y en algunos lados ha habido reforzamiento por diferentes tipos de justificación hay una gran cantidad de campamentos militares, de bases de operaciones mixtas o de estas famosas CIN que sobre todo están en la zona de carretera fronteriza con la justificación precisamente de dar seguridad a la frontera con Guatemala del paso de droga de indocumentados de tráfico de personas, de armas pero el incremento es bastante.

¿Constitucionalmente el ejército está a cargo del tema de delitos sobre la salud pública ?

Sí, porque es un delito federal. La figura es que la policía federal coadyuva, pero en la vía de los hechos es el ejército quien tiene esa facultad.

¿Aprecian una disminución de los efectivos paramilitares ?

Lo que pasa es que los grupos paramilitares también están teniendo sus reacomodos, hay quienes por ejemplo "Paz y Justicia" han decidido decir ya no más, ya no queremos seguir en lo que teníamos, y se desprende una parte que ahora se llama OCIAC la más radical que si mantiene la amenaza, la presión que sigue la vía paramilitarista hay un reacomodo necesario también de los grupos paramilitares finalmente como grupos de base la forma de hacer política, pero el hecho es que no, las armas siguen ahí, y los delitos pasados siguen impunes.

¿Usted cree que hay una mejoría del respeto de los derechos humanos de Chiapas ?

Como valoración general no. El panorama es distinto, políticamente distinto la correlación de fuerzas, el contexto en general pero las condiciones siguen siendo las mismas, otros actores, en calidad y en cantidad se mantiene casi iguales. Y que dicho de paso, parte del peligro que vemos con estos discursos de nuevos gobiernos democráticos es decir que se queda la discusión de los derechos humanos a nivel de las buenas voluntades políticas y no en los hechos concretos.

Antes digamos el elemento que financiaba o patrocinaba a los grupos paramilitares en el sentido de lo que había sido el conflicto hasta hace poco había sido el PRI, pero al desaparecer como aparato de estado pero que sigue manteniéndose como aparato político, ¿ese papel digamos maternal que hacía el PRI con los paramilitares ha pasado a ser desempeñado por otros organismos del estado ?

En las elecciones municipales hubo grupos de oposición que postularon a miembros de grupos paramilitares como candidatos tales como el PT el PAN, finalmente el PRI nos heredó una cultura política y finalmente siguen vinculados es decir Santiz que es el hoy impugnado presidente municipal de Oxchuc, Pedro Chulin un diputado local también es paramilitar, y tienen sus representaciones en el congreso en el nuevo congreso tiene sus representaciones de grupos paramilitares.

¿Los militares, los destacamentos militares son ajenos a los paramilitares ?

Pues de hecho no, por eso se llaman paramilitares, lo difícil ha sido demostrar la vinculación pero es le circulo de la impunidad, no hay investigación, pero la vinculación permanece.

¿En su opinión la vinculación permanece ?

Sí, claro. Hasta hace poco se venían realizando entrenamientos militares a grupos de paramilitares en Palestina.

Que Pablo Salazar Mendiguchía haya obtenido la mayor cantidad de votos en las zonas donde domina "Paz y Justicia" ¿es una causalidad ?

Pues a nivel municipal y de congreso en las últimas elecciones, el congreso hoy es más priista que antes, efectivamente Salazar Mendiguchía ganó las elecciones a gobernador pero ahí las circunstancias de la coalición única en contra del PRI ha limitado mucho una mayoría de coalición.

¿Pero se aprecian diferencias entre el perredismo y el priismo ?

Los diferentes intereses políticos como coalición es decir que en esa zona haya ganado, pero cuando se vienen las elecciones más locales para alcaldías y diputaciones es cuando salen todas las diferentes fuerzas que apoyan al priismo, además con una votación muy baja con un alto abstencionismo muestra de la crisis institucional, ganan con márgenes de casi el 60%.