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Internacional de Observaciòn
por los Derechos Humanos




 
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, A.C., de Ocosingo

 

 
   
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Entrevista con Manuel Hernández y Santiago Gómez Miranda.

Antecedentes

Ocosingo está situado en la región de Aguazul, cañada de Taniperla y comprende a comunidades indígenas tzeltales, tzotziles y tojolabales. El comité se creó a raíz de la entrada de los militares en mayo de 1993 y se compone de 42 personas, ente ellas promotores de derechos humanos, asesores o auxiliares y capacitadores. Funcionan de manera asamblearia y cuentan con un equipo de coordinación formado por 15 personas que se ubican en la oficina de Ocosingo. Abarcan diferentes áreas, de resolución de conflictos, educación, comunicación e investigación. Los promotores son formados en alfabetización, derecho penal, agrario, derecho internacional, elaboración de quejas cuando existen violaciones de los derechos humanos, formación sobre garantías individuales. En el 2001 incorporaron un taller de masculinidad y de género. Al comité le llegan muchos casos de mujeres que ven violados sus derechos y han trabajado recientemente en la formación de mujeres que atiendan estos casos.

Informe de entrevista

Destacan el trabajo que hacen en el área de resolución de conflictos cuya función es doble : a nivel interno, orientan conflictos intracomunitarios, convencen a las partes para que se sienten a dialogar. A nivel externo tratan los problemas con las autoridades ajenas a las comunidades, como por ejemplo las denuncias arbitrarias. El proceso que siguen es la presentación de las denuncias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Ministerio Público. Después se hace un seguimiento de los casos. Destacan la importancia del trabajo de la orientación de las víctimas para que no queden impunes las violaciones cometidas contra ellas. Muchas veces se encuentran con que el Ministerio Público no contesta o no acepta a trámite las denuncias. Es el caso de denuncias presentadas en contra de militares o paramilitares ajenos a la comunidad o de miembros de la comunidad vinculados a determinados partidos políticos a los que parece que el Gobierno tiende a proteger. También es el caso de las denuncias presentadas por personas sin recursos económicos. Al carecer de medios para transportes y trámites necesarios no tienen acceso a la justicia. En estos casos llegan a recurrir a la organización Fray Bartolomé de las Casas o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aunque la mayoría de las veces no se llegue a castigar a los culpables sí se abre una vía de que las denuncias consten como presentadas.

Les preguntamos sobre el origen de los conflictos que atienden. En general explican que aunque este Gobierno sea diferente de los anteriores no han cambiado las estructuras. No se han reconocido los derechos indígenas. Existen los mismos problemas.

Explican que el problema principal es la división que los programas del Gobierno crean en las comunidades. Estos programas, principalmente el PROCEDE condiciona el abastecimiento de recursos a la previa parcelación de los ejidos, realizada mediante los finiquitos agrarios condición que únicamente requiere el consentimiento de un ejidatario. Por otro lado, el Gobierno concedió a varias organizaciones sociales como el ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), Unión de Uniones, CENPI (Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios) y ARIC, la tierra cuya propiedad era antes privada (ranchos) y el reto actual es poder llegar a acuerdos con las personas que viven en ellas siendo muchas bases del EZLN sin que haya necesidad de intervención del estado.

Es difícil poder alcanzar acuerdos aunque sí se han conseguido en algunas ocasiones ; es el caso de CENPI. Existe una competencia por la tierra. Las organizaciones se sienten respaldadas por el Gobierno y se produce una lucha por el poder. Es el caso de ORCAO. El Gobierno ha dado espacio a algunos miembros de organizaciones sociales, como el ORCAO en dependencias institucionales como por ejemplo el INI o la Secretaría de Desarrollo Rural. Por otro lado, las organizaciones sociales se defienden ante las intromisiones del Ejército. Cada comunidad puede tener miembros de organizaciones diferentes. Se unen para defender al municipio autónomo. En toda esta situación, el Ejército viene a acentuar los conflictos respaldando los programas del Gobierno. Por otro lado siguen ofreciendo medicinas, alimentos, semillas, se visten de civiles para aproximarse y tomar confianza con los jóvenes de las comunidades y luego les convencen para entrenarles y les arman promoviendo de esta manera la formación de grupos paramilitares contrainsurgentes. Enmarcan toda esta serie de cuestiones dentro del concepto de guerra de baja intensidad.

Plantean también otra cuestión que ha introducido conflictos en la vida de las comunidades. Recientemente hubo un pacto entre la iglesia y el estado de Chiapas. Abrieron una iglesia en la zona Norte que hacía años que permanecía cerrada por haberse considerado un foco de insurgencia.

Explican que cuando fue desmantelado el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón por efectivos de Seguridad Pública en coordinación con el Ejército y migración, tomaron, detuvieron y encarcelaron a 4 promotores que acudieron a tomar testimonio a los detenidos en el operativo. Estuvieron presos año y medio. Se les construyeron delitos por homonímia. Finalmente salieron por desestimiento de la acción penal y su proceso quedó suspendido. Se están buscando recursos legales para intentar exigir reparaciones. A pesar de todo esto no consiguieron matar sus raíces y la organización prosiguió su labor.

Denuncian irregularidades en la cárcel de Ocosingo. Actualmente hay 80 presos y un sólo abogado defensor. No tienen asesoría adecuada. Muchos no tienen derecho a visitas. Muchas veces no tienen traductor y cuando sí lo tienen no es de su confianza. Denuncian abusos por parte de los abogados de oficio que les cobran, les engañan. Denuncian la corrupción de las autoridades.

Actualmente están trabajando en un proyecto local que consiste en juntar a personas con autoridad moral en su comunidad con el objetivo de que hagan un trabajo más fuerte en cuanto a la resolución de conflictos. Varias organizaciones acudieron porque están interesadas en esta experiencia.


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