Comunicado de Prensa nº 3, 27 de febrero

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos reitera su agradecimiento al Gobierno del estado de Chiapas por las facilidades y disponibilidad para la realización de las entrevistas institucionales. Lo mismo queremos expresar a la sociedad civil chiapaneca y a las comunidades indígenas por la acogida y la disposición a brindarnos la información necesaria para la realización de nuestra labor.

En éste sentido, hemos recogido testimonios y denuncias que se articulan en distintos temas que a continuación detallamos :

1.  La militarización y paramilitarización de la zona de conflicto

Aunque hemos podido constatar una presencia menor del Ejército federal en algunas zonas, hemos recibido informaciones de que en otras siguen los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en la zona fronteriza con Guatemala. Los sobrevuelos de helicópteros siguen sembrando zozobra en las comunidades, los retenes intermitentes impiden el libre tránsito de los pobladores y, en los lugares dónde permanecen los cuarteles militares, la población se queja de la contaminación de los ríos y predios aledaños. Por otra parte, hemos recibido numerosas denuncias acerca de la permanencia de estructuras paramilitares. Por ejemplo, en la zona Norte, esta situación genera fuertes tensiones en las comunidades ya que el sólo echo de que no se ha procedido al desarme de los paramilitares, es una constante amenaza para la seguridad de la población civil.

2.  La persistencia de los desplazados de guerra

Producto de esta situación, las comunidades de la región de los Altos consideran que no existen garantías suficientes para el retorno a sus lugares de origen. Los recortes de ayuda humanitaria hacia los desplazados son percibidos como un factor de presión para un retorno en condiciones riesgosas. Los retornados de la organización civil Las Abejas se mostraron preocupados por las condiciones de inseguridad debido a la obligación de convivir con algunos de los que consideran como sus victimarios.

3.  La situación generalizada de impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia

Asímismo, en la zona Norte, numerosas familias permanecen desplazadas. No solamente no han tenido acceso a la justicia en cuanto a indemnizaciones, sino que se ven afectadas por la situación de impunidad imperante en la zona. En la comunidad de Jolnixtié, el padre de José Tila López García, asesinado hace cuatro años, manifestó que, a pesar de la existencia de órdenes de aprensión, los responsables de la muerte de su hijo siguen en libertad y se encuentran en la comunidad.

Los afectados por la violencia, no se sienten incluidos en los procesos de reconciliación, y estiman que se producen en un marco de manifestaciones de buena voluntad solamente, ya que las causas que originaron los conflictos siguen vigentes al no aplicarse la justicia con todo su rigor.

4.  La existencia de presos de opinión

Pese a las aseveraciones del gobierno del estado de Chiapas, en el sentido de que no existen presos de opinión, tanto en las comunidades como durante las visitas a los distintos penales, la Comisión ha recibido testimonios sobre personas que se consideran recluidas por delitos de opinión. Los entrevistados estiman que no ha habido ningún avance, tanto en el aspecto de la fabricación de cargos, como en la falta de equidad en la administración de justicia. Además, la Comisión ha podido constatar que las condiciones de detención son desastrosas (hacinamiento, condiciones de salubridad deficientes, arbitrariedad en los traslados, entre otros). Acabamos de recibir un comunicado dándonos a conocer que tres de los presos del penal de San Cristóbal que hace tres días se entrevistaron con la CCIODH han sido trasladados a celdas de castigo.

5.  La persistencia de la práctica de la tortura

Algunos de los presos entrevistados manifestaron que la confesión de sus delitos les fue arrancada bajo tortura. Por otra parte, durante la visita que la Comisión realizó en Marqués de Comilla para recabar información sobre el reciente operativo policíaco-militar en esta región, los pobladores denunciaron prácticas de tortura en el momento de su detención.

6.  El deterioro de la situación económica en las comunidades

Más que en las dos visitas anteriores, las comunidades hicieron énfasis en el deterioro de sus condiciones de vida, tanto en el ámbito económico como social. La caída de los precios de los cultivos tradicionales y la falta de acceso a la comercialización de sus productos son considerados como los problemas más candentes. En este contexto, la carencia de servicios básicos, en el ámbito de la educación y de la salud, se vuelve aún más dramático.

Los programas de desarollo enfocados a la lucha contra la pobreza, son valorados en muchas ocasiones como discriminatorios, ya que no contemplan un desarrollo integral de la comunidad sino que los criterios de selección de los beneficiarios no están claramente definidos y por eso, son percibidos como una forma de proselitismo electoral. En algunos casos, se ha podido constatar que los beneficiados por el programa de construcción de vivienda pertenecen todos a un mismo partido.

7.  La persistencia de conflictos agrarios

Además de comentar los problemas generados por el rezago histórico en la titularización agraria que ha sido un factor de divisiones, enfrentamientos e incluso desplazamientos, las comunidades subrayaron que los procesos de titularización individual auspiciados a través del procede no contribuyen a la seguridad en la posesión de tierra, sino que generan más divisiones. En este contexto, las comunidades se sienten desprotegidas frente a los planes de desarollo en el marco del Plan Puebla-Panamá. Este genera inquietud e incorfomidad, toda vez que las comunidades indígenas no cuentan con el instrumento de control de los recursos, territorios y formas jurídicas de ejercicio de la autonomía, que representaba para ellos la ley elaborada por la cocopa, producto de los Acuerdos de San Andrés.

8.  Derechos de los inmigrantes

Las condiciones de la inmigración por la frontera sur adquieren tonos alarmantes. La comisión ha recibido multitud de denuncias en el sentido de que tanto criminales como agentes de la autoridad pudieran ser responsables de delitos de robo, violación, maltrato, tortura y tráfico de personas. En la visita a Tapachula, resultó preocupante la presencia e intervención de fuerzas militares en el ámbito civil, así como las precarias condiciones de los centros de deportación. Resulta doloroso comprobar que se repite la calidad del trato recibido por los mexicanos en la frontera con estados Unidos.

Estas primeras impresiones servirán de base para un análisis más profundo de la situación de los derechos humanos que se reflejará en el informe que incluirá conclusiones y recomendaciones que serán presentadas por la CCIODH a las distintas instituciones que la avalaron.

San Cristóbal de las Casas, a 27 de febrero del 2002