Comunicado de Prensa nº 4, 1 de marzo

Después de dos semanas de entrevistas oficiales, con la sociedad civil y visitas a comunidades indígenas, la cciodh, en su primera evaluación provisional, constata la persistencia de elementos de contrainsurgencia en el tratamiento del conflicto en Chiapas. Las causas que generaron la rebelión indígena siguen vigentes, al igual que las condiciones que posibilitan las violaciones de derechos humanos a un nivel difícilmente aceptable para la sociedad mexicana.

En las visitas anteriores, la cciodh emitió 10 recomendaciones para la mejora del respeto de los derechos humanos, pasándose ahora a hacer un breve repaso provisional del cumplimiento de las mismas.

1.  El cumplimiento inmediato de íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el ezln y el gobierno federal

2.  El respeto al proyecto de iniciativa de reforma constitucional de la cocopa.

La modificación del proyecto de ley de la cocopa que recoge los Acuerdos de San Andrés, ha conducido a un callejón sin salida del diálogo y negociación entre el gobierno federal por una parte, y el ezln y el movimiento indígena por otra. Ha sorprendido a esta comisión el unánime apoyo al proyecto de ley de la cocopa, por parte de la sociedad civil y las comunidades indígenas entrevistadas. Este apoyo también alcanza esferas oficiales no sólo en el gobierno del estado de Chiapas, pero también diferentes instancias del gobierno federal.

3.  La consolidación de las funciones de las instancias de intermediación y verificación (conai y cosever)

La situación continua igual que en junio de 1999 cuando se disolvió la conai. Al no cumplirse los Acuerdos de San Andrés, la cosever se convierte en una instancia sin espacio de acción.

4.  Poner fin a la militarización y paramilitarización (regreso del Ejército a sus cuarteles y desarme de los grupos paramilitares)

No se ha puesto fin a la militarización ya que sólo se han desmantelado 7 posiciones, lo que sí constituye un paso en la buena dirección, resulta insuficiente debido a que el número de efectivos permanece invariable en el estado de Chiapas. Lo que ha variado es la discreción de su presencia y eso lo agradecen las comunidades porque les facilita su vida cotidiana.

Por otro lado, pese al cambio de actitud del gobierno chiapaneco respecto al apoyo a los grupos paramilitares, se echa en falta la iniciación del proceso de desarme de estos grupos, ya que constituyen una amenaza directa a la seguridad pública debido a la impunidad con la que actúan.

5.  Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.

No han habido avances significativos en el terreno de la lucha contra la impunidad, persistiendo la situación generalizada de falta de acceso a la justicia, especialmente para los indígenas. Además, existe una preocupante persistencia de prácticas de tortura inaceptables en un estado de derecho.

6.  La amnistía a los presos políticos

A pesar de que en su día fueron liberados unos 90 presos políticos zapatistas, hoy en día hay más de cien presos políticos en las cárceles de Chiapas. Las condiciones de encarcelamiento son precarias, arbitrarias y a veces vejatorias debido a la ausencia de una jurisdicción penitenciaria garantista.

7.  El retorno de los desplazados a sus comunidades de origen con la devolución íntegra de sus pertenencias y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos

Este problema, que se viene arrastrando desde 1995, todavía no ha sido resuelto adecuadamente ya que de los 50 mil desplazados existentes (10 mil a causa de la guerra y 40 mil por conflictos agrarios), sólo han retornado unas mil personas (el 2% del total), una buena parte de los cuales han manifestado preocupación por lo inseguro de su situación, la ausencia de indemnizaciones y la impunidad de sus agresores reconocidos.

8.  El fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional, así como el reconocimiento de un estatuto de observador internacional

El fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos queda en entredicho después del asesinato de algunos de sus miembros más destacados, como es el caso de Digna Ochoa y las amenazas permanentes a miembros de organizaciones de derechos humanos. A este respeto preocupa sobremanera a la Comisión la impunidad que afecta a los autores de las amenazas y asesinatos de estos defensores. Resulta muy difícil entender que seis meses después, y tras la intervención de la pgr y la pgj del df, se ignore aún la autoría del crimen de Digna Ochoa.

En cuanto a la presencia de organismos de carácter internacional y el reconocimiento de un estatuto de observador internacional, se ha percibido un cambio positivo de actitud por parte de las autoridades, aunque siga sin existir el solicitado estatuto de observador internacional. La Comisión desearía que las facilidades que ha obtenido para la realización de su trabajo se ampliarán a otras organizaciones de derechos humanos tanto mexicanas como internacionales.

9.  La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población civil debido al rechazo existente hacia la ayuda proveniente de organizaciones institucionales mexicanos

Pese a su reticencia, ésta recomendación fue aceptada por el gobierno anterior suponiendo en su momento, un gran alivio para las comunidades indígenas desplazadas de la zona de Los Altos. La intervención de la Cruz Roja Internacional se ha ceñido al tema alimentario. Según las propias comunidades y las ongs que trabajan en la zona, ha habido en los últimos tiempos, una disminución del 50% del aporte alimentario básico que está ocasionando graves problemas nutricionales y de salud, ya que el autoabastecimiento está lejano. Esta disminución de la ayuda alimenticia es percibida, en algunos campamentos de desplazados, como una presión para un retorno apresurado.

10.  La designación de un relator especial de la ONU para México

Aunque la figura del relator no existe todavía, según la información facilitada por la administración federal, se pretende avanzar en este tema con la creación de una oficina permanente de la ONU sobre derechos humanos que se emplazaría en la ciudad de México.

Estas valoraciones preliminares servirán para la elaboración del informe que será presentado por la CCIODH a las distintas instituciones que la avalaron, a los distintos foros internacionales (onu, ue, Parlamento centroamericano) donde está comprometida su presentación, así como a todos los interlocutores que han aportado su palabra.

Ciudad de México, 1 de marzo del 2002