Manifiesto de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

A la sociedad civil mexicana

A la sociedad civil internacional

Al gobierno mexicano

A los medios de comunicación

A las comunidades indígenas de Chiapas

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

En febrero de 1998 y a raíz de la matanza de Acteal ocurrida en diciembre de 1997, la sociedad civil del mundo reaccionó con diferentes movilizaciones para mostrar su repudio a la masacre realizada en contra de los indígenas rebeldes de Chiapas y para buscar caminos hacia una solución pacífica del conflicto.

Más de 500 personas y organizaciones de los cinco continentes avalaron la creación de una Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos que viajó a Chiapas en esas fechas.

En noviembre de 1999, una segunda comisión realizó una nueva visita de observación para evaluar la situación en ese momento, y compararla con las observaciones y recomendaciones de la anterior.

Como resultados de estas dos comisiones, se realizaron sendos informes que fueron entregados a todos los interlocutores de la Comisión en México, a todas las organizaciones y personas que los avalaron y a las instituciones internacionales (al Parlamento Europeo, a los Parlamentos Nacionales, al Parlamento Centroamericano, a la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, etc.).

El 2 de diciembre del 2000, tomó posesión un nuevo gobierno, presidido por el Sr. Fox, siendo la primera vez en 70 años que el nuevo presidente no era del PRI. Tanto en su campaña como en la toma de posesión, el nuevo presidente prometió solucionar el conflicto por la vía pacífica y el diálogo.

El EZLN respondió con la demanda de 3 señales : El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la liberación de los presos bases de apoyo del EZLN y el desmantelamiento de 7 campamentos militares de las 256 posiciones militares existentes en Chiapas. El gobierno cumplió desmontando los siete campamentos, liberó la mayoría de los presos pero aún quedan 9 pendientes de liberarse y están incumplidos los Acuerdos de San Andrés a pesar de que el gobierno mexicano presentó al legislativo el texto de la Ley COCOPA.

El EZLN y el CNI convocaron a una Marcha por la Dignidad Indígena que recorrió 10 estados, acabando en el D.F., con la intervención, ante el Congreso de la Unión, de los delegados del EZLN y del CNI.

A pesar de esta movilización, y tras su pase por el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos Locales, el Gobierno aprobó la publicación de la Ley Indígena.

El EZLN y el CNI la rechazaron de plano.

La aprobación de esta Ley incumple las 3 señales y rompe el camino del diálogo para la solución pacífica del conflicto.

El conflicto está en un impasse y nos parece oportuna una nueva visita que, sobre el terreno y, a través de la relación directa con los actores del mismo, pueda ver cual es la situación real actual con respecto a las consideraciones y recomendaciones que se hicieron en los anteriores informes (desplazados, presos, paramilitarización, etc.). Y las nuevas situaciones y planificaciones que se han podido dar y que puedan afectar a una solución justa al conflicto (Plan Puebla-Panamá, nueva situación política, etc.).

Por todo lo anterior solicitamos a la sociedad civil mexicana así como al gobierno federal, a las comunidades indígenas y al EZLN que nos otorgue la misma confianza que nos dieron en enero de 1998 y en noviembre de 1999, a que nos reciban y nos den su palabra, a que nos permitan realizar libre y responsablemente nuestro trabajo y a todas las organizaciones que nos avalaron entonces a que lo hagan de nuevo para observar, reflexionar, diagnosticar y hacer nuestras observaciones.

Por todo ello, los abajo firmantes apoyamos este manifiesto que será presentado a los medios de comunicación, al gobierno mexicano y a las instancias internacionales así como a la sociedad civil el día 12 de enero de 2002. La CCIODH viajará a México desde el 16 de febrero hasta el 2 de marzo para repetir las entrevistas con los actores del conflicto y entregar el informe a las instancias, instituciones y organizaciones como ocurrió en las dos visitas anteriores.