Introducción al anexo Plan Puebla-Panamá

Aunque su implementación sea todavía poco adelantada, el Plan Puebla-Panamá, constituye una propuesta de desarrollo económico, cuyos ejes e implementación tendrán repercusiones directas sobre las políticas emprendidas para la resolución del conflicto en Chiapas.

Para introducir este capítulo parece necesario apuntar algunos elementos, que por lo general no figuran en los informes sobre derechos humanos, por no establecer de manera evidente, una relación entre las políticas seguidas y las violaciones concretas a los derechos de las personas.

Cabe recordar que, durante su segunda visita en 1999, la CCIODH ya había adoptado el concepto de derechos colectivos como cuadro para intentar evaluar la situación de los derechos humanos. El afán de dar seguimiento a este esfuerzo constituye una de las razones que nos motivo a examinar hacia dónde se enrumban, en este aspecto concreto, las políticas macroeconómicas iniciadas por los gobiernos anteriores y las propuestas nuevas formuladas por el gobierno actual, tanto en el ámbito político como en el ámbito socioeconómico, incluyendo en este último las propuestas en materia de políticas de desarrollo.

Al respecto, tanto la utilización, a fines de comparación, de los resultados de las anteriores visitas, como el estudio previo de los lineamientos preconizados por las instituciones financieras internacionales en materia económica, social y de desarrollo nos permitieron advertir, un alineamiento del discurso institucional de las autoridades mexicanas a la recetas estándar implementadas en todo el continente y más allá, consistentes en privilegiar el aspecto económico como motor para la resolución de los problemas sociales y en detrimento del quehacer político como vía de resolución de los conflictos.

Son reveladoras del espíritu que prevalece, las afirmaciones de Florencio Salazar, Coordinador del Plan Puebla-Panamá, en el sentido de que no influyó en nada en la elaboración del plan de desarrollo económico, conocido como Plan Puebla-Panamá, la aprobación o no de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, presentada en marzo del 2001 ante el Congreso de la Unión, por una delegación de indígenas zapatistas, en un acto político, altamente simbólico.

Así los lineamientos globales afectan situaciones locales. Los votos de los pensadores del PPP que quisieran ver en su plan una forma de « equiparar los desequilibrios de la globalización » y los preceptos del Banco Mundial de « consolidar las ganancias en materia macroeconómica y acelerar el crecimiento a través de una mayor competitividad[13] » difícilmente se sostienen cuando, como lo observa el investigador Armando Bartra, la economía norteamericana entra en recesión.

Como lo reconoce el mismo gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar, este fenómeno ha frenado considerablemente la ejecución del PPP en la región. En estas condiciones, el concepto de competitividad - de por sí cuestionable y más aún cuando se pretende imponer a poblaciones cuyo funcionamiento tradicional es comunitario - lejos de estimular iniciativas, se traduce a nivel local en una lucha de todos contra todos para recoger las migajas de las políticas del desarrollo.

La visita que realizo la CCIODH en el 98 fue especialmente marcada por la violencia paramilitar y la del 99 por la relación de la agresión a los municipios autónomos, las protestas en contra de la construcción de infraestructuras que faciliten la presencia de las fuerzas castrenses en las comunidades.

En el 2002, se puede decir que los miembros de la CCIODH a pesar de constatar pocos cambios relacionados con problemas denunciados en años anteriores, se vieron confrontados a un discurso institucional de nuevo tipo que asocia la llamada transición democrática a la liberalización económica.

Pero, al mismo tiempo que se vincula con el llamado cambio democrático, el PPP y las orientaciones económicas del gobierno actual tienen su origen y se traslapan con políticas emprendidas años atrás y que en su momento ya habían sido generadoras de conflictos.

Así, las preocupaciones de las instituciones financieras internacionales se ven reflejadas en varios documentos oficiales del gobierno mexicano. En el plan estratégico forestal (PF 2025)[14], por ejemplo, se dedica un espacio amplio en demostrar el carácter obsoleto del ejido como forma de propiedad, presentado como obstáculo al desarrollo de la cultura intensiva de plantación. Este argumento coincide con los lineamientos de la SEMARNAT que busca cómo adaptar el sistema de propiedad agraria aún vigente a las necesidad de conservación ambiental a gran escala, siendo entendido que las organizaciones más idóneas para llevar a cabo esta tarea, serían organizaciones internacionales, captadoras de importantes recursos provenientes del sector privado.

El análisis detallado de lo hasta ahora esbozado, ha sido abordado por destacados estudiosos mexicanos, algunos de los cuales, como los profesores Andrés Barreda y Armando Bartra compartieron sus conocimientos con la CCIODH y cuyas opiniones se presentan en este informe.

El primero aportó a este trabajo, una visión geoestratégica que permite entender las articulaciones del PPP en sus aspectos prácticos, - el desarrollo de infraestructuras- y morales – reducir la pobreza a través del desarrollo del capital humano- con políticas publicas diseñadas en los más diversos ámbitos : desarrollo, educación, salud, pero también medio ambiente, políticas agrarias, ordenamiento territorial, migración, políticas poblacionales, empleo, fiscalidad, descentralización y relaciones con el sector privado.

El segundo agregó a este conjunto otro eje de reflexión , acerca del tipo de desarrollo al cual los sectores sociales más marginados de la sociedad pueden o deben aspirar en el marco de la economía globalizada. « No basta constatar que el trabajo en las maquiladoras es un infierno » explica, « sino también constatar que la gente toca a la puerta del infierno » a falta de alternativa viable para sobrevivir.

No corresponde disertar a profundidad sobre este tema en este informe pero sí intentar poner en paralelo el discurso institucional de las estrategias de desarrollo y el de los que hasta ahora, han sido blanco de su aplicación, para así ayudar a vislumbrar si existe un margen de maniobra que permita a los « sujetos rasos » definir las formas de alcanzar esta meta y elegir los medios para hacerlo.

A primera vista, la necesidad de « equilibrar el crecimiento y la reducción de la pobreza con la protección de los recursos naturales » y « lograr todo lo anterior a través de un gobierno eficiente, responsable por sus acciones y transparente[15]  », suena generoso y de intachable moral. Sin embargo, cabe preguntarse si existe la opción de cuestionar las medidas propuestas, -cuando éstas se perfilan como promotoras de intereses particulares, de carácter supranacional- sin ser acusado de refractario al progreso en marcha o enemigo de la conservación del ambiente, a como lo han señalado varios de nuestros interlocutores.

Entre las voces que nos ha tocado escuchar, son muchas las que pusieron en entredicho esa retórica única que coloca el crecimiento económico por encima de las aspiraciones humanas.

Por eso, quizás un reto importante de la CCIODH 2002, sea el de advertir en qué formas concretas el conjunto de propuestas en el ámbito económico y social, que se entrelazan de forma compleja, repercuta en la vida de las comunidades y qué efectos tienen y tendrán a más largo plazo sobre la situación de conflicto.

Entre los temas que a continuación se desarrollan, no todos entran formal y explícitamente en el Plan Puebla-Panamá y justamente, esa observación permite subrayar una de sus primeras contradicciones : la falta de información hacia las poblaciones sobre políticas que les conciernen y la opacidad en los procedimientos que dificulta entender de qué manera algunos programas públicos y privados se vinculan efectivamente con el propósito que enuncian.

Esta situación repercuta también en las instituciones locales que interpretan de forma contradictoria las directivas provenientes de dependencias federales.

Así, mientras el coordinador del PPP, Florencio Salazar habla de un intenso trabajo intersecretarial y de enlace regional, el coordinador de SEMARNAT en Chiapas, aparentemente desconoce los planes que en el marco del PPP, habría de desarrollar su oficina.

La percepción que tienen las comunidades del PPP, también difieren, debido a su ubicación geográfica, su orientación productiva y su potencial desarrollo económico.

Para mayor comodidad, hacemos una presentación por temas, señalando en que región específica han sido observados.

Expulsiones/ militarización

Las regiones más sensibilizadas al peligro de expulsiones son las comunidades que bordean la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA o REBIMA).

En este caso, la amenaza está directamente vinculada a las políticas ambientales que se detallan más adelante.

Por otra parte, las comunidades vinculan las amenazas de expulsión de sus tierras con la presencia del Ejército, que en muchos casos se adueña de parcelas comunitarias para establecer sus campamentos.

“El Gobierno nos empuja a dejar las tierras y nos dice que tenemos desalojar (en diciembre de 2001), y que el desalojo se va a activar. Cuando vamos a hacer compras en el pueblo, el Ejército nos amenaza con llevarnos a la cárcel si no dejamos la tierra.” (Habitantes del poblado de Palestina-La Culebra)

En otra zona, como la de Roberto Barrios (municipio de Palenque), se teme la instalación de un proyecto turístico, aprovechando las cascadas situadas en el terreno comunitario. En esta zona, ya no existen tierras para comprar y esta situación provoca fuertes presiones para que los pobladores se acojan al programa PROCEDE, que equivale a una parcelización de la propiedad ejidal.

“Cuando entró el gobernador Pablo Salazar y Vicente Fox como presidente empezamos a escuchar rumores sobre el Plan Puebla-Panamá (PPP) entonces con eso escuchamos también que hay desalojos de ejidos. El gobierno nos trae unas limosnas, viene a ofrecer que podemos estar de su parte, pero ya estamos despiertos. Si nos hacen un desalojo contramilitar nadie quiere dejar su casita o abandona su tierra ; como aquí nacimos , aquí vivimos, esto es lo que nos duele mucho como indígenas”. (Habitantes de la comunidad de Granizo-La Culebra)

A nivel más general, algunas comunidades se muestran alarmadas por la posible instalación de industrias maquiladoras en su región. (Con maquiladoras se entiende tanto complejos industriales (cerca de las ciudades o de infraestructuras carreteras) como agroindustriales (invernaderos) o plantaciones de productos de exportación.) Aunque no se mencionen todavía proyectos concretos (salvo en San Cristóbal, donde aparentemente algunas maquiladoras están listas para operar), existe el temor de que la crisis que afecta a la producción agrícola, empuje a los productores a abandonar sus tierras para concentrarse en los centros de producción industriales.

La baja drástica de los precios del café, constituye un factor importante de migración de población, que según varios observadores, ha aumentado recientemente.

En este contexto, el proceso de parcelización de la tierra, en vez de brindar seguridad, facilita su venta. Varias dependencias tanto federales como estatales trabajan ya de acuerdo a este esquema que divide el estado en «  microrregiones ». En el marco del Plan Puebla-Panamá, este fenómeno correspondería a la implantación de « centros estratégicos de desarrollo que tendrían un efecto bondadoso sobre las regiones más marginadas », pues sus promotores consideran que la dispersión de población constituye uno de los mayores frenos al desarrollo económico. Aunque una de las prioridades del PPP, consiste en dotar a la región de infraestructuras, no se contempla el desarrollo de vías locales (tarea que le compete a los municipios).

Sin embargo, muchas comunidades se quejan precisamente de la falta de infraestructuras locales para apoyar los procesos productivos y de comercialización. Este reclamo abarca igualmente lo que se refiere a la carencia de centros de salud.

Conflictos agrarios

Los conflictos en torno al PROCEDE son una constante en la mayoría de regiones visitadas. Al respecto, cabe señalar que, a nivel institucional, existe una gran confusión en cuanto a la definición agraria y en algunos casos, no está claro si no hay un interés en mantenerla : en varias entrevistas se nos ha manifestado que la forma de propiedad resultante del PROCEDE (que es un título de propiedad) era la misma que la correspondiente al ejido (que es un título de posesión, resultante de una dotación agraria).

La reforma al artículo 27, si bien puso fin al reparto agrario, no puso fin a la demanda de tierras. Tan es así que, ante la persistencia de ocupaciones de tierras, el Gobierno Federal ha creado un sistema de fideicomiso (que a su vez corresponde a otro régimen de propiedad).

Pero la Procuraduría Agraria de Chiapas, menciona la creación de « nuevos ejidos » para solventar los conflictos agrarios.

Sin embargo, en el terreno, se puede observar que la indefinición agraria es el principal causante de conflictos entre distintos grupos sociales que conviven en una misma comunidad. El hecho ha sido especialmente señalado por las comunidades visitadas en la región de Ocosingo, Chilón, Palenque.

“A la Procuraduría Agraria pedimos que nos gestione todas las tierras recuperadas desde el levantamiento del primero de enero. Sabemos que varias organizaciones sociales están individualizando tierras con el programa fideicomiso del gobierno del estado y con esto se busca privatizar la tierra. Por eso se generan conflictos en estas comunidades, el gobierno quiere imponer el Plan Puebla-Panamá que no tiene en cuenta la palabra ni las necesidades de los pueblos indígenas” (Municipio autónomo 1ero de Enero - Comunidad Jerusalén).

« Antes todavía en los años 70, 80, el representante de cada comunidad se va a negociar con el gobierno para que pueda legalizar la tierra como ejido. Hay comunidades que están legalizadas, pero hay muchas comunidades que no. Pero ya después vino otra ley del Gobierno, a fraccionar la tierra, darle sus 10 o 20 hectáreas a cada persona, para que no puedan trabajar así en colectivo. En todos los poblados ahorita dicen que es mejor ir con el Gobierno, para poder legalizar la tierra... Desde antes 1994 varias comunidades que no tienen tierra hemos solicitado, por años, pero el Gobierno no nos hizo caso. Ahorita dice el Gobierno que ya está entregando la tierra donde había solicitudes, pero donde hay poblados de nuestros compañeros zapatistas, el Gobierno quiere provocar otro problema allí » (Autoridades del municipio autónomo San Manuel, Las Tazas).

Actualmente, los nuevos programas que se sobreponen a los problemas agrarios « históricos » agudizan los conflictos entre distintos grupos : en la región de Ocosingo, aparentemente, se privilegia la promoción de proyectos de crianza de ganado (que requieren de grandes extensiones de tierra –deforestada- para pasto).

“El Gobierno cuando empieza el conflicto entre compañeros y la ORCAO, le dio a la ORCAO un proyecto de 60 cabezas de ganado, con ese ganado la ORCAO quería tomar el potrero del municipio autónomo. El Gobierno les da el ganado porque ocupa mucho terreno. También da proyectos de maíz, frijol, es donde se divide la gente porque algunos se van donde hay más proyectos como PROGRESA, dan muchas despensas para los niños" (Municipio autónomo 1ero de Enero - Comunidad Jerusalén).

En la Selva en cambio, se promociona el desarrollo de plantaciones «  intensivas » más aptas para lograr la conservación de los bosques y evitar las prácticas de tumba, roza y quema » vinculada a la producción agrícola tradicional.

Política ambiental

La preocupación por la protección del medio ambiente también se ha globalizado, así como lo atestan numerosas resoluciones adoptadas en igual cantidad de cumbres y reuniones internacionales en las cuales se propone obligar a los estados participantes adecuar sus políticas nacionales al interés global de conservación de los recursos del planeta.

Parece ser que la tarea de conciliar crecimiento económico y conservación del ambiente, -ambos aspectos condicionantes para la captación de fondos para el desarrollo- conllevan a la adopción de medidas que son percibidas, a nivel local, como contradictorias con las aspiraciones y necesidades de las poblaciones asentadas en las regiones a conservar.

En declaraciones reproducidas en La Jornada del 15/04/2002 « El secretario de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger acepta que la riqueza natural de esa reserva [de los Montes Azules] es de los indígenas que allí están, pero también -destaca- de todos los mexicanos, y por eso la obligación y responsabilidad del Gobierno Federal de conservar y preservar esa zona, pero los recursos son limitados y las necesidades son enormes. Este es un problema de recursos ; sin embargo, espero que la economía nacional crezca para impulsar inversiones sustentables que generen oportunidades de empleo en la región", agrega.

Por su parte, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Reforma Agraria, Hershberger Reyes afirma : « Hay que aprovechar el interés internacional en proteger esa reserva, para que nos apoyen con proyectos productivos atractivos, con financiamientos... en fin, hacer ejercicios imaginativos para buscar soluciones y de una vez resolver en serio este problema.  »

El hecho de considerar la protección del ambiente como un asunto de seguridad nacional (y más recientemente se ha hecho la propuesta de declarar las áreas Nacionales Protegidas, asunto de seguridad internacional) ha conducido las autoridades mexicanas a reforzar la presencia militar en zonas consideradas estratégicas.

« En una punta de la laguna está el campamento militar y en la otra punta está el poblado. Lo que hacen los militares en la laguna es soltar plástico, botellas de aceites para motor, y hasta frascos que usan para matar el pasto. Además algunas comunidades les da el gobierno herbicidas, granosol para que fumiguen, pero están contaminando el agua ». (La Culebra)

En la región de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, considerada una de las más ricas en biodiversidad, una parte importante de las poblaciones asentadas en el lugar, difícilmente aceptan ser hoy señaladas como el principal peligro para el ambiente, después de haber sido durante años, instrumentos de la política de colonización de la Selva y utilizadas por los promotores de la industria maderera y de los intereses petroleros en la región.

En efecto, la explotación comercial de la región que prevaleció en el pasado compite hoy con la búsqueda de recursos acorde al desarrollo de nuevas tecnologías.

Respecto al petróleo : En el 1993 estuvieron los de la PEMEX abriendo brechas por aquí.

"[El maíz transgénico] viene de parte de SEDESOL, por parte del Gobierno. Lo han traído los extranjeros para que siembren los campesinos. Lo traen ya embolsado para repartirlo. Está prohibido por la ley plantarlo. También traen los herbicidas. Nos rodean. Pero nosotros no queremos contaminar nuestros subsuelos, es el Gobierno quien los envía.

Comisión : ¿Qué es lo que pone en los paquetes ? ¿Es para comer o para sembrar ?

Respuesta : Monsanto. Monsanto está aquí en Palenque. La gente lo utiliza para sembrar y luego poder comer.” (San Jerónimo Tulija)

Es importante subrayar el interés creciente de numerosos organismos ambientalistas internacionales por esta región. A pesar de que la información esté muy dispersa y de la gran discreción que estos organismos mantienen sobre sus fuentes de financiamiento, es sabido que éste proviene en gran parte de grandes empresas privadas, especialmente del sector farmacéutico, biogenético, petrolero o agroindustrial.

Algunas organizaciones locales, como por ejemplo el Consejo de Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH) denuncian que las presiones ejercidas por algunas ONGs internacionales sobre las autoridades mexicanas para obtener el desalojo y la reubicación de las comunidades indígenas asentadas en la zona de Montes Azules obedecen, en realidad, a intereses comerciales. Las propuestas enunciadas en el Programa SINAP (administrado por el Banco Mundial) de confiar la gestión de las ANPs a grandes organismos especializados en la Conservación del Medio Ambiente, parecen dar crédito a la sospecha.

Programas sociales y políticas poblacionales

La utilización de un discurso orientado al progreso, al desarrollo y a la reducción de la pobreza no debe ocultar los intereses de a quién está sirviendo.

En muchas ocasiones, las políticas ambientalistas se conjugan con políticas poblacionales, cuya justificación aparece como muy controvertida.

Así, el organismo estadounidense Conservación Internacional, a través de su programa « Población y Medio ambiente », enfoca sus esfuerzos en combatir la sobrepoblación (sic) en las comunidades ubicadas[16] en la cercanía de la Reserva de Montes Azules en Chiapas. Otra ONG con quien comparte esta tarea, se presenta de la siguiente forma : « La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM) es una asociación civil, gobernada por voluntarios y sin fines de lucro, especializada en difundir la práctica de la regulación voluntaria de la fecundidad entre los sectores más necesitados de la población mexicana : los más pobres en la ciudad y en el campo, los jóvenes y los varones ».

Ambas ONGs están siendo financiadas por la fundación PACKARD. Conservación Internacional también recibe fondos de USAID.

Más allá de la interpretación que se pueda tener de esta misión, está comprobado que la cuestión de saber si la disminución de la pobreza se logra a través de la reducción física de la población pobre o por otras vías, no se ha discutido con las comunidades involucradas.

Es más, desde su segunda visita, la CCIODH, había recogido fuertes denuncias en todas las comunidades visitadas, acerca de un programa, con rasgos similares, el PROGRESA.

Aprovechando la carencia real de servicios de salud en las comunidades, el PROGRESA condicionaba la entrega de ayuda económica a la asistencia de las mujeres a consulta médica, en particular ginecológica y charlas sobre planificación familiar. Son numerosos los testimonios de mujeres a quienes se le ha propuesto esterilización, algunos casos de operación sin el conocimiento pleno de la persona han sido reportados.

“Aparte de ese hostigamiento militar y paramilitar el municipio siente una presión por parte del Gobierno que ofrece regalos (dinero, ayuda material) a la gente que acepta programas gubernamentales como PROGRESA y CARA (Centro de Atención Rural Adolescentes). La gente que participa en esos programas también tiene que participar en charlas de planificación familiar (se les paga a la mujeres que se hacen esterilizar ; niños contaron a sus padres que durante esas charlas les abusaron). Pero como zapatistas la gente de las comunidades no acepta esas programas del Gobierno”. (Municipio “17 de Noviembre”, Aguascalientes de Morelia)

Actualmente, el programa PROGRESA, impulsado por el Gobierno Federal, está siendo sustituido por el programa CONTIGO. Aparentemente, con este cambio, se busca eliminar el aspecto « paternalista » que algunos de los actuales funcionarios del Gobierno reprochan a sus predecesores. La secretaria de asuntos indígenas de la presidencia, Xóchitl Gálvez, se pronuncia por un funcionamiento de los programas sociales que se aparente más al manejo de proyectos productivos parecido al modelo implementado por muchas ONGs.

En las comunidades visitadas los programas sociales han sido calificados de programas « contrainsurgentes ». Se reproducen a continuación algunas observaciones al respecto :

“En las comunidades donde las familias pertenecen a diferentes organizaciones. (…) se observó un problema más complejo de convivencia. Estos problemas de convivencia tienen tendencia a incrementarse en los últimos años debido a que las ayudas arbitrarias del Gobierno están acentuando la división entre las familias de diferentes organizaciones".(Ruta 2).

« Los representantes de las comunidades rechazan los programas sociales y de desarrollo de parte del gobierno, porque dicen que éstos tienen carácter individual y no comunitario, siempre vienen con condiciones inaceptables, como la titulación individual de las parcelas y renuncia a la lucha zapatista y les parece como una limosna del Gobierno, que no sirve a cubrir sus necesidades existentes. Acusan al Gobierno de querer dividir las comunidades zapatistas a través de estos programas, dándole ayuda a unas familias y a otras no. Mencionan que finalmente son los priístas que reciben la ayuda ». (Ruta 3)

“El PROGRESA es algo que se puede entender como una división. Es gente que sigue engañada por el Gobierno, son los priístas, como les regalan migajas, ellos dicen que el Gobierno les apoya y cuando llegan las elecciones es cuando más cosas da. (…) Si el Gobierno hubiera dado estas ayudas desde un principio y a todos por igual, estaría bien, pero como lo empezó a hacer después del levantamiento no nos parece bien. El Gobierno, cuando actúa de esta manera, es para acabar con la resistencia zapatista, pero no lo va a lograr. Sí, le damos en parte la razón a la gente que lo recibe porque en realidad la situación está muy mal, por eso la gente les llora. Sabemos que gobierno se aprovecha de la necesidad de los pueblos. También la gente en las comunidades más retiradas está muriendo de enfermedades curables, muchas mujeres mueren en los partos”. Las mujeres del consejo nos cuentan que aquella que se compromete a esterilizarse se le concede el plan PROGRESA".. (La Realidad).