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Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos humanos
Noveno día de trabajo de observación de los derechos humanos en México, principalmente en Chiapas por la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos humanos. La CCIODH ha colectado varios testimonios, puntos de vista y denuncias de la parte de más de 25 protagonistas ligados a la cuestión de los derechos humanos en México. Los 104 integrantes de la CCIODH se han dividido en distintos grupos de trabajo desplegados en varias regiones de Chiapas, como San Cristóbal de las Casas, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, la Zona Norte, Los Altos, Ocosingo, la Selva Lacandona, Altamirano y en la frontera sur. Los observadores visitan actualmente a más de 50 comunidades indígenas de esas regiones. Ha visitado también la CCIODH a dos centros penitenciarios : los centros Almoloya de Juárez y San Cristóbal de las Casas. La CCIODH irá también a las cárceles Macuspana, de Villahermosa y de Cerro Hueco para encontrarse con presos políticos.
A la luz de esos diferentes encuentros y entrevistas, la CCIODH ha detectado elementos preocupantes en referencia al respeto de los derechos humanos en México. Les presentamos aquí las observaciones recogidas hasta hoy, el día 23 de febrero del 2002 por los integrantes de la CCIODH, tanto en el Distrito Federal como en Chiapas.
En cuanto a los centros penitenciarios, hemos asistido a una de las sesiones del juicio del caso de los hermanos Cerezo en la cárcel de alta seguridad Almoloya de Juárez. Es importante anotar que el juez no asistió a la sesión de juicio ; dos ciudadanos testificaron y se ratificó un informe pericial. Nos hemos entrevistado con los cinco presos de este mismo caso y observamos que no existen mecanismos para recurrir las decisiones y sanciones impuestas por la dirección de la prisión. Los presos políticos que hemos encontrado desconocen si existe un reglamento del centro. Sabemos, a raíz de este tema, que la Comisión Nacional de Derechos Humamos ha recomendado que se publiquen los reglamentos internos de las prisiones federales mexicanas ; recomendación que obviamente no ha sido cumplida. Según nuestras observaciones, se puede afirmar claramente que el proceso penal federal mexicano es muy proclive a causar situaciones de indefensión y de vulneración de derechos humanos.
Hemos también visitado a presos políticos en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Precisamente, recogimos los testimonios de nueve presos y de cuatro presas. Los presos y presas afirman ser recluidos por uno de los tres motivos siguientes : pertenencia a las bases de apoyo del EZLN (municipios autónomos) o a la organización “La Voz de Cerro Hueco”. Nos sorprendió la gran cantidad de presos que afirman ser recluidos en esta cárcel por motivos políticos. Hemos detectado distintos elementos preocupantes de discriminación en cuanto al tratamiento recibido por las mujeres en comparación del recibido por los hombres. Por ejemplo, dos de las cuatro mujeres, que son Tzotziles y que no hablan Castellano, afirmaron que no han tenido acceso a un traductor de su propio idioma ni conocimiento de haber sido asistidas por un abogado, en ningún momento desde sus encarcelamientos respectivos. También, con los testimonios de los presos, hemos observado que el acceso a la salud era deficiente e inadecuado. La mayoría de los presos denunciaron también malos tratos y torturas por parte de los cuerpos de seguridad pública en el momento a la detención con la finalidad de obtener autoinculpaciones.
Nos entrevistamos con varios grupos e instancias gubernamentales quienes contestaron a nuestras solicitudes y aquí les presentamos unas observaciones preliminares :
La dirección general de protección a los derechos humanos de la Procuraduría General de la República representada por su director, Mario I. Álvarez Ledesma, nos recibió en el Distrito Federal de la República. Hemos abordado con el director los temas siguientes : los casos de Digna Ochoa y Barbara Zamora, los hermanos Cerezo, la impunidad del ejercito y de los paramilitares, el sistema penal mexicano así como la situación de indefensión creada por ese mismo sistema, la situación de los presos en las cárceles, y, especialmente de los presos políticos. Reconocen una situación de corrupción que afecta el sistema penal mexicano, proviniendo según ellos del anterior gobierno, y, afirman que no se puede cambiar rápidamente, pero que esta en proceso de cambios. Concluyen sin embargo que una reforma de los sistemas penitenciarios y penales son necesarios para contrarrestar las deficiencias y irregularidades actuales.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), representada por el Procurador General de Justicia del DF, Bernardo Batiz Vazquez, la subprocuradoría Jurídica y de Derechos Humanos de la PGJDF, Margarita Espino y el Director General de Derechos Humanos de la PGJDF, Juan Carlos Solís Martínez nos recibieron también en el Distrito Federal. Uno de los principales temas expuestos fue el hecho de que todavía había pasado poco tiempo para observar cambios reales en su trabajo. Comentaron que están implementando unos programas de coordinación de los diversos agentes sociales y de la PGJDF. También han implementado un programa de formación del cuerpo policial más largo en cuanto a los meses de estudios. Entre otros temas, nos han hablado del caso de Digna Ochoa, de Barbara Zamora y del General Gallardo. Es importante observar también que han establecido un sistema para acudir cuando reciben denuncias de tortura o de malos tratos a los detenidos por parte de la Policía o de los funcionarios de la PGJDF. Acerca de este mecanismo, se quejaron que los resultados no son satisfactorios.
El historiador Andrés Aubry nos presentó una visión del conjunto referente a la problemática de los derechos humanos en la región chiapaneca. Los dos aspectos preocupantes que resaltaron de su óptica son, por primera parte, la presencia del ejercito mexicano y de los paramilitares en Chiapas y, por otra parte, el funcionamiento del sistema de Justicia mexicano. También nos planteó la existencia de las Brigadas de Operación Mixtas que son cuerpos policiales y militares que actúan en Chiapas. Una de las razones de preocupación acerca de esas brigadas es que están compuestas por cuerpos de seguridad sometidos a diferentes jurisdicciones (federal o estatal) lo que dificulta enormemente la persecución de los delitos que puedan cometer. Las consecuencias son un aumento de ciertos abusos y violaciones de derechos.
Nos recibió el presidente de la actual Comisión de Concordia y de Pacificación COCOPA, del Partido de los Trabajadores. El mecanismo de funcionamiento de la Cocopa es un método de consenso. Como no estaban presentes todos los miembros, no recibimos ninguna respuesta oficial. Se acordó remitirles preguntas escritas que nos van a contestar en los próximos días. Es importante mencionar el hecho que esta tercera Cocopa se quedó completamente paralizada durante los últimos seis meses, por tanto su trabajo no ha avanzado desde entonces.
Doña Rosario Ibarra del comité Eureka presentó delante de la CCIODH el trabajo de esta asociación civil trabajando en la investigación de los desaparecidos. Cuentan 532 desaparecidos documentados, entre los cuales, seis desaparecidos mientras el actual gobierno. Parece ser que las desapariciones son directamente imputables a los diversos presidentes de la República, en el sentido de que ostentan la jefatura del ejercito. Nos planteó la señora Ibarra que los gobiernos no tienen la voluntad de hacer respetar la justicia.
Nos hemos también entrevistado con el representante del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y abordamos con el, entre otros temas, los siguientes : la militarización y la presión policial, el hecho de que el proceso de paz en Chiapas está estancado, el caso de Digna Ochoa, las consecuencias del Plan Puebla Panamá, la política de Vicente Fox acerca de la ley indígena y el hecho que los pueblos no hayan sido consultados, los cambios y logros debidos a las presiones internacionales en cuanto a los derechos humanos y las amenazas dirigidas en contra del Centro. Nos planteó también que, según ellos, el gobierno solo usa los derechos humanos para su reputación internacional, pero que los mecanismos de respeto de los derechos humanos al nivel interno son ineficaces. Nos habló finalmente sobre el acuerdo Europa-México acerca del cual se ratificó la cláusula democrática, ligada al tratado de libre comercio. Nos expuso una última preocupación : que la Iglesia no se pronunciaba a favor de los derechos humanos, apoya más bien al poder y no al trabajo de las bases.
Esas observaciones son preliminares y estamos a la espera de más informes realizados por los distintos grupos de trabajo de la CCIODH. Es importante anotar que los días 26 y 27 los dedicaremos a la realización de entrevistas con el Gobernador de Chiapas, el Secretario General del Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría Agraria, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la SEDESO y la SEMARNAT, la SEPI y el INI, la Cruz Roja Internacional y el obispo Felipe Arizmendi. Además, no se ha podido concertar la entrevista solicitada al grupo Desarrollo Paz y Justicia ni al General Comandante de la VII Región Militar ni a la SEDENA que alegó no tener competencias sobre los temas a tratar, remitiéndonos a la Secretaría de Exteriores.
Nota de última hora : Hemos recibido una denuncia de hostigamiento del grupo que está visitando la Zona de Altamirano. Hoy, 24.02.02 a las 12.30 de la mañana, tres personas (dos adultos y un niño) han impedido el paso del coche en el que viajan 10 observadores de la comisión, después de salir de Morelia dirigiéndose a Altamirano. Les han increpado con insultos, tomado nota de la matrícula, tomado fotos y golpeado el cristal del vehículo a la vez que han roto la antena del mismo. Uno de los asaltantes ha sido reconocido como Lorenzo López Luna, líder paramilitar de Altamirano. Finalmente los agresores se han retirado. La delegación de la comisión va a proseguir el plan de trabajo previsto y viajará a la Comunidad de Jerusalén.
Para terminar, mencionamos que la CCIODH recibe denuncias de violaciones de derechos humanos en la calle Belisario no 9 cada día de las 9 horas hasta las 17 horas.
Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos
Comité de prensa
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