Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Derechos Humanos

Sobre el tema de las solicitudes de entrevistas con diversas instancias institucionales, manifiesta que la Secretaría de Exteriores es la instancia adecuada para presentar las peticiones de entrevistas con organismos del Gobierno, se necesitan también los nombres de las personas que van a tomar parte en las entrevistas por parte de la CCIODH.

Situación en Chiapas en el tema de los derechos humanos

Como Subsecretaría de Derechos Humanos se ocupa de casos y temas que se tratan en foros internacionales como la ONU y la Organización de estados Americanos. También de casos con resonancia interna que no han llegado a esas instancias. No se ocupa de toda la temática de derechos humanos y no conoce en detalle la situación en Chiapas. Para ello remite a las entrevistas en Chiapas.

En el ámbito internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay casos de violaciones que llegaron allá y están comprendidas en el artículo 51 del reglamento de esa comisión. Son casos que cumplieron el procedimiento y que se publicaron como recomendaciones a Gobiernos anteriores de México y que no se acataron las resoluciones.

Hay casos como el del ejido Morelia que está en trámite de solución amistosa. Este caso tuvo lugar en 1994 en Altamirano en el que se vincula al Ejército. Allá hubo tres ancianos detenidos y desaparecidos que se presume que fueron asesinados. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que la investigación se realizara por autoridades civiles y se ha hecho con gran colaboración del delegado de derechos humanos del Gobierno de Chiapas. Se nombró un fiscal que habla las lenguas de la zona y se avanzó mucho. Se propuso a la Comisión Interamericana un procedimiento de trabajo supervisando lo que hacen las autoridades de México, pero solicitando que los peticionarios, víctimas, Gobierno del estado y Gobierno federal aporten su colaboración.

En este caso se estudiaron las vías jurídicas y se firmaron acuerdos entre las partes,. Con cada paso que se toma se vuelven a reunir las partes. Se puede hablar con Jorge Carmona director de los casos. Se pudo acreditar la detención de estas personas por el Ejército y su desaparición. Ahora estaba pendiente la prueba de ADN y en eso había conflicto con la comunidad y con ONGs. En unos días habrá un encuentro con la comisión al respecto.

Otros casos como el de las hermanitas González Pérez, o las hermanitas Santiz en Altamirano, se imputa a elementos del Ejército y se busca una vía para que se reabra la investigación en la Procuraduría General de la República o en la del estado. La abogada de las violadas es la peticionaria.

En Nueva Palestina el caso de tortura y detención ilegal de Reyes Penago está en proceso de solución amistosa. En todos los casos se está en vías de indemnización de las víctimas y las autoridades del estado de Chiapas han prestado su colaboración y se han sometido a la opinión de la Comisión Interamericana.

Estos casos tuvieron lugar en el contexto armado del 94 y hasta la fecha no se han recibido más denuncias por la vía internacional sobre violaciones imputables al Ejército. En el caso del Ejido Morelia, la colaboración ha sido muy buena. En los casos de las hermanitas, las discrepancias han sido sobre si las competencias de la investigación corresponden a la PGR o a la Procuraduría del estado.

Otro inconveniente es que las víctimas no viven en el lugar de los hechos y Marta Figueroa está preocupada por no reabrir la investigación y molestar a las víctimas con nuevas pruebas. El tema fue cómo rehacer el procedimiento dando valor al material probatorio existente de esta fecha.

¿Que pasará si se encuentra a los militares y se les declara culpables ?

Se tendrían que someter a la justicia civil.

Sobre la situación en Chiapas, sabe de los muchos conflictos locales existentes en el ámbito municipal. La situación no es idílica ni tranquila. Hay conflictos graves. No puede decirse que hay paz. Se reitera mucho en la información que recibe sobre conflictos intracomunitarios.

Sobre posibles abusos policiales, no duda que puede haberlos, pero no le constan expresamente. Hay un interés serio por parte del estado, pero no todo se resuelve con voluntad política.

Fox habla de paz e interpreta eso diciendo que se refiere a que no hay ahora acciones armadas en Chiapas.

La Subsecretaría conoce casos de su área de competencia pero no sabe lo que ocurre sobre el terreno. En el caso de las violaciones en Montebello se actuaría si se recibiera el caso.

Los problemas son estructurales y ellos no escamotean la problemática sino que reconocen la existencia de esos problemas y se deben tratar de manera abierta con el apoyo y el concurso de los organismos internacionales y de la sociedad civil nacional e internacional.

En los acuerdos de cooperación con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, en la segunda etapa que comienza, se buscan soluciones estructurales. Se abrirá una oficina y hará un diagnóstico de la situación. En el diálogo habrá representantes de la sociedad civil, del estado, de indígenas y de derechos humanos. Se van a tratar problemas de legislación y otros muchos y el resultado va a ser un programa consensuado de derechos humanos. Es la primera vez que un país hace algo así y esperan que ONU les acompañe en este trabajo.

Desean ser visitados por organizaciones internacionales porque eso sale en los medios de comunicación. Se dialoga con los actores sociales y se crea un clima de divulgación de los derechos humanos. Por supuesto que este Gobierno no va a solucionar el problema de derechos humanos pero está bueno que grupos como nosotros reporten los proyectos y que se publiquen.

Los miembros de la CCIODH comentan que México firma muchos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, así como con la OIT sobre protección de los trabajadores. Sin embargo se sabe que el 45% de la población activa, está en el mercado de trabajo informal y sin protección, que las maquiladoras tienen apoyos de estado o no pagan impuestos, así como del trabajo de menores. ¿Cómo se piensa resolver esa contradicción ?

Nos manifiesta que el Gobierno está totalmente de acuerdo con lo firmado y que en este sentido se ha mandado un paquete de propuestas al Congreso para levantar las restricciones en la aplicación de estos acuerdos. No obstante, teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, la solución dependerá del interés que los partidos den a este tema.

La legislación actual no permite que se ejecuten los acuerdos internacionales e incluso se opone a los mismos, por ello es necesario armonizar todo ello con una nueva legislación.

En el caso de los acuerdos con la OIT, se ha instalado una comisión intersecretarial para el cumplimiento de los mismos en la que participan todas las instancias. Se reúnen una vez por mes y se abren mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Una de las mesas trata el tema de los menores y está coordinada por el DIF.

Sobre el caso de los ecologistas de Guerrero comenta que uno de ellos era indultable. Fox designó un abogado particular junto con gobernación y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez para buscar los caminos jurídicos para liberarles. A pesar de que fueron torturados, los tribunales mexicanos no aceptaron cualquier prueba de tortura. Los análisis hechos por instancias internacionales se desecharon. La PGR hizo un dictamen contrario y el juez lo rechazó. El Centro Agustín Pro comunica que presentará el caso a la Corte Interamericana y ya no seguirán colaborando con el Gobierno. En vista de ello Fox decide que no va a decretar la inocencia de nadie. Así que les deja libres para que hagan valer sus derechos.

Sobre si para buscar que se haga justicia sobre la masacre de El Charco (Guerrero) hará falta que lleguen recomendaciones de organismos internacionales, contesta la Subsecretaria que el acuerdo de cooperación técnica con las Naciones Unidas es la manera de intentar la solución, ya que ellos no son la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sobre el caso Digna Ochoa, opina que se está poniendo en riesgo la política de derechos humanos que por parte del Gobierno se está iniciando. Como el caso es competencia de las autoridades del Distrito Federal, el Gobierno federal asegura la supervisión internacional de la investigación y reporta cada dos meses a la Corte Interamericana. Recuerda que el Centro Agustín Pro y la familia de Digna tienen pleno acceso al expediente y que precisamente en el día de hoy llega un experto de Colombia para participar en las investigaciones.

Sobre las reformas constitucionales (ley indígena) lamenta que las reformas disten tanto de la ley COCOPA porque eso frenó el diálogo y puso a los pueblos indígenas en una situación de distanciamiento y de haber sido traicionados. Espera que se pueda dar marcha atrás. Todos están aprendiendo a vivir en democracia. El proceso fue democrático y pasó las vías constitucionales impecablemente, pero lamenta que el Congreso no entendiera dar otra solución al conflicto de Chiapas.

Sobre la impunidad están esperando respuesta de franciscanos para organizar una conferencia y van a colaborar con el fiscal especial para este tema. Pero todavía no se ha montado el equipo y ellos están llevando muchos casos de impunidad como el de Aguasblancas (Guerrero) a nivel internacional.

Hablando sobre la CCIODH, comenta que hay una mentalidad que está viviendo en el pasado. La Comisión va a encontrar actitudes variadas de estigmatización y rechazo. Espera que no tengamos situaciones desagradables. Hay funcionarios menores que no han cambiado y no es fácil cambiar mentalidades. Del lado del Gobierno federal y de exteriores la disposición es de colaboración y apoyo. Lo que la Comisión pueda aportar les sirve para cambiar a pesar de que hay muchas resistencias al cambio.