Secretaría de Gobernación encargada de derechos humanos. Maestro Ricardo Sepúlveda

El Sr. Ricardo Sepúlveda se presenta como titular de la Unidad de Estudios Legislativos cuyas funciones son : atender asuntos relacionados con los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, coordinar las áreas de derechos humanos de distintas dependencias de la administración pública federal y entrar en contacto con organismos protectores de los derechos humanos que tienen autonomía constitucional.

¿Cómo concilia su función de mantenimiento del orden con la de defensa de los derechos humanos ? ¿Qué instrumentos tienen previstos para los casos en que no se cumplen los derechos humanos, especialmente cuando se da la intromisión del Ejército en asuntos de carácter judicial ?

Da explicaciones generales refiriéndose a la labor de coordinación, colaboración y coadyuvancia entre instituciones. Pone como ejemplos sobre esto el caso de Digna Ochoa, los campesinos liberados en Guerrero o el caso del General Gallardo. Detalla que a Gobernación le toca estar atenta sobre la evolución de las investigaciones y pedir más colaboración si es necesario. En cuanto a los instrumentos dice que el instrumento es la Unidad de Estudios Legislativos.

¿Qué nos puede decir sobre las recientes declaraciones del Presidente Fox (en Washington) respecto al endurecimiento de las políticas referentes al acceso de los inmigrantes de la frontera sur ? ¿Cómo concilia esta línea de actuación con el respeto a los derechos humanos ?

El Instituto Nacional de Migración ha desarrollado varias líneas de acción. Una de ellas es regularizar las áreas de pasos fronterizos en el sur mediante una mayor cobertura de la vigilancia. Para esto destaca el trabajo de los grupos Beta. El trabajo de atención se hace en los puestos migratorios. Es en este momento cuando se trabaja sobre los derechos humanos. Estamos impulsando, en colaboración con el INM, algunos foros sobre los derechos humanos de los migrantes. Están haciendo talleres para poder analizar y concretar soluciones. Se está impulsando una política para tratar de evitar el tráfico de migrantes. Los problemas en la frontera sur no sólo obedecen a los problemas que hay en la frontera norte.

Parece que el Gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo por presentar una imagen hacia el exterior de preocupación sobre los derechos humanos, pero que a nivel interno la política que se sigue parece más dura. Nos referimos, por ejemplo, al nombramiento de un ex militar, Rafael Macedo de la Concha, como responsable de la Procuraduría General de la República y, en general, a la intromisión de las autoridades militares en el poder judicial. ¿En qué sentido tendrían que ir las reformas en lo que respecta a la jurisdicción militar ? ¿Para llegar a qué efectos ?

Considera que México ve la influencia internacional respecto a los derechos humanos como positiva. Estamos hablando de una reforma que viene de arriba a abajo. Para que se dé una protección cabal de los derechos humanos una de las vías es el nivel internacional. Esto repercute directamente en el ámbito de la justicia, también la militar. En el anterior período de sesiones, el ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados alrededor de trece instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos para su ratificación, y presentó una iniciativa de reforma constitucional para que fuera perfectamente acorde con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La justicia militar está también en proceso de revisión interna. La Suprema Corte de Justicia ha clarificado cuál debe ser la tarea que corresponde al Ejército. Esta interpretación debe irse incorporando a las leyes que hay que revisar. Otra de las propuestas concretas es la posibilidad de que lleguen a intervenir civiles dentro del ámbito de la justicia militar. En cuanto al nombramiento de Macedo de la Concha lo interpreta como una apertura puesto que significa una mayor vinculación entre el ámbito de justicia militar y él ámbito de justicia civil.

¿Qué nos puede decir respecto a las otras recomendaciones de la Corte Interamericana respecto al General Gallardo que todavía no se han cumplido ? ¿No es una situación difícil teniendo en cuenta que fue el propio Macedo de la Concha quien presentó acusaciones contra el General ?

La resolución se cumplió (la excarcelación). Existen vías jurídicas internas para la revisión del contenido de las sentencias que le inculparon a través del poder judicial de la federación. Podría ser reconstituido en sus derechos tanto castrenses como todos. Estamos abiertos a que el general pueda ejercitarlas. El tiene que aclarar y decidir cuál es su mejor situación. No tiene nada que ver un procurador en un juicio de amparo, porque el ámbito competencial exclusivo es el poder judicial de la federación ante un juez de distrito. El Ministerio Público no es parte pero se le da vista a todos los recursos de amparo. El que resuelve es el juez.

Se creó en el sexenio anterior un cuerpo policial, la Policía Federal Preventiva, en el cual se ha señalado que la mayoría de sus miembros son formados militarmente. ¿Cuál va a ser el estatuto de este cuerpo policial ? ¿se piensa mantener, reformar ? A nivel del concepto mismo ¿cómo se puede conciliar una tarea preventiva y otra de protección de los derechos de la persona ?

La Policía Federal Preventiva tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución para atender temas de Seguridad Pública y en las propuestas concretas en referencia a la posibilidad de que lleguen a intervenir civiles dentro del ámbito de la justicia militar. La Seguridad Pública se está reformando y están preparando una propuesta para ello. La PGR también tiene un interés en la revisión de esta propuesta. Lo importante va a ser llegar a un equilibrio entre los diferentes cuerpos de Seguridad Pública en materia de derechos humanos. Se ha analizado en reuniones el concepto de PFP y se ha visto que su papel es positivo por sus acciones de seguridad, proporcionando un clima de confianza a su alrededor.

Tenemos entendido que existen acuerdos internacionales de cooperación entre diferentes cuerpos de policía de diferentes países, en este caso con la PFP. ¿Siguen funcionando estos acuerdos ? ¿se respetan los derechos humanos ?

Sí, existen convenios interinstitucionales. Pueden solicitar esta información a la Secretaría de Seguridad Pública. Pueden hablar con Juan Ramos (nos da su tarjeta). Esta institución fue reformada en el noviembre de 2000. La Secretaría de Gobernación se separó de la de Seguridad Pública donde se encuadra ahora el trabajo de la PFP.

En el sentido de la adecuación de los tratados internacionales ha habido unas recomendaciones en cuanto a privilegiar más una tarea preventiva que una tarea represiva. ¿Qué reflexiones se han hecho sobre esto ? Por ejemplo, ahora vamos a viajar al estado de Chiapas y en cuanto a los retornados nos gustaría saber su opinión respecto a si se van a respetar sus garantías teniendo en cuenta las recientes excarcelaciones de las personas que provocaron esta situación. En concreto, sabemos que se ha arrestado a Diego Vázquez y que es conocido por formar parte de un grupo paramilitar. Tenemos entendido que esto ha creado una cierta tensión en la zona y una mayor intervención de las fuerzas de Seguridad Pública. ¿Cómo lo ven ustedes ?

El conflicto en Chiapas implica dos ámbitos de autoridad, el federal y el local. Ha habido un trabajo de coordinación. Cuando vino la Marcha Zapatista hubo un intento de reinicio del diálogo y se desmilitarizaron las bases que se constituyeron en centros de desarrollo. Este trabajo lo hizo en parte el ejecutivo y en parte las autoridades locales. El retiro de los militares significa apostar a que los pobladores puedan llegar a una situación de paz dándoles un voto de confianza. También existen los problemas con paramilitares que no caben en nuestra legislación. Entonces debe aplicarse la ley, aunque arrestar a esa persona pueda crear un conflicto. Las excarcelaciones las ordenaron las autoridades locales no las federales. Los casos donde intervino la federal fue por delitos en contra de la salud pública. El ejecutivo ha puesto algunos medios extra, estamos atentos al clima. La oficina de Luís H. Álvarez a pesar de que no hay diálogo mantiene informado al secretario de gobernación.

Puede decirse que sobre la masacre de Acteal existe la opinión de que no se ha hecho justicia a causa de las liberaciones y la incertidumbre con que han regresado a sus lugares los desplazados. ¿Cuál es su opinión sobre esto ?

Este conflicto no es aislado. Es lo que nos ocurre con el caso de las liberaciones que nos pide el grupo zapatista. Cualquier acción de Gobierno no puede dañar a una comunidad para proteger a un grupo. Las liberaciones se hacen en función de unas facultades legales. El poder judicial local es autónomo y hemos tratado de respetar esa autonomía.

Tenemos entendido que existen acuerdos internacionales de cooperación entre diferentes cuerpos de policía de diferentes países, en este caso con la PFP. ¿Siguen funcionando estos acuerdos ? ¿se respetan los derechos humanos ?

Sí, existen convenios interinstitucionales. Pueden solicitar esta información a la Secretaría de Seguridad Pública. Pueden hablar con Juan Ramos (nos da su tarjeta). Esta institución fue reformada en el noviembre de 2000. La Secretaría de Gobernación se separó de la de Seguridad Pública donde se encuadra ahora el trabajo de la PFP.

Respecto al tema de Chiapas tenemos entendido que en marzo de este año se realizará un foro en el que se va a hacer una amplia convocatoria de la sociedad civil en relación a la situación de los derechos humanos en este lugar. Paralelamente parece ser que van a ser implementadas medidas para aplicar el reglamento de la reforma de la ley. Nos consta que todavía no existe ningún pronunciamiento de la Corte Suprema en relación a la constitucionalidad de esta reforma. ¿Qué nos puede decir sobre esto ?

No se está trabajando en ninguna ley reglamentaria. Los pasos que se están dando se pueden interpretar de muchas formas. Antes de aprobarse la reforma ya se veía la necesidad de trabajar en una ley reglamentaria y algo se trabajó respecto a esto. Una vez que se pública la reforma constitucional y existen reacciones como las controversias y amparos, el ejecutivo vigila atentamente cuál es la evolución de todo esto. Muchas áreas del ejecutivo han ido trabajando en los escenarios que se pueden presentar, se trabaja en otras acciones.

¿Se está respetando el convenio 169 OIT ? Parece ser que expertos sobre la materia y las propias comunidades indígenas opinan que se está retrocediendo respecto a los derechos colectivos. ¿Qué nos puede decir sobre esto ?

En México hay una consagración de los derechos colectivos desde el origen mismo de la Constitución. Tenemos todo el interés en que el estado mexicano respete sus compromisos.