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Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sr. Alvarez Ledesma

 

 
   
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Le acompaña el jefe de asesores : Carlos Garduño

Quejas y recomendaciones a la PGR

La mayoría de las quejas son de las Procuradurías estatales.

Hubo 700 quejas el año pasado de las que sólo 6 terminaron en recomendaciones. De las seis recomendaciones, una es una recomendación general, es decir, a todos los encargados de Procuraduría de Justicia del país que no requieren pruebas de cumplimiento. De las cinco restantes, son particulares, tres tienen que ver con hechos sucedidos este año y las otras dos con hechos sucedidos en la administración anterior. Todas las recomendaciones se recibieron en los cinco primeros meses de la gestión de esta administración.

Una instancia que trabaja con el uso de la fuerza, que reciba cinco recomendaciones, no le parece que sea relevante tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

Tienen problemas serios pero se ha avanzado mucho. Su tesis es diferente a la que manejan algunas ONGs y algunos periódicos : “Cuando nosotros no ponemos los problemas de derechos humanos en su justa dimensión corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas, es tan sencillo como si usted va a un médico y le diagnostica pulmonía cuando lo que tiene es un simple catarro. A lo mejor lo matan las medicinas antes que la enfermedad". A nivel de México pasa lo mismo, los derechos humanos en algunas líneas se han hiperbolizado. Lleva veinte años trabajando en derechos humanos y ¿qué significan cinco recomendaciones en un entorno de setecientas quejas ?.

No se han quedado en esperar las quejas de las recomendaciones, han instaurado un programa directo de atención al público con un 01800 que funciona las 24 horas del día.

Hay que poner las quejas en un contexto, y si no las ponemos en un contexto tenderemos a ver un problema fuera de lo que realmente es. Esta es una instancia que trabaja con la fuerza pública, con una policía poco capacitada, y que está en un proceso de cambio. La historia está ahí y ha habido enormes dificultades.

Tienen problemas, serios problemas, pero han avanzado sustantivamente, y el problema en la PGR no es tan grave como se tiene en las Procuradurías estatales.

Ellos están a punto de instaurar un sistema que aunque no erradicará la tortura, "que es algo más vinculado a la condición humana que a una cuestión institucional", siempre ha preocupado el tema de la tortura. Se sabe que gran parte del problema de la tortura tiene su origen en diagnósticos médicos equivocados o mal hechos de los peritos médicos de las Procuradurías, que la persona viene efectivamente torturada pero se ha diagnosticado mal, o se diagnostica influenciado, o no se diagnostica.

Entonces la persona no es efectivamente verificada en sus signos, o los médicos no están capacitados para detectar casos de tortura. Eso es lo que sabía desde que era primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sabía que el problema estaba ahí. Estando aquí, lo primero que se ha hecho es un cambio radical en el sistema de verificación médica. Prepararon un proyecto de guía médica para prevención de casos de tortura. Esta guía médica fue presentada en la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el acuerdo que firmaron en el 2001 con el Gobierno mexicano, con el objeto de atender ciertos temas, y uno de ellos era la tortura, en la que ya estaban trabajando.

El Procurador de la República va a emitir un acuerdo en el que el Ministerio Público va a tener la obligación de, si un detenido, retenido o denunciante dice que ha sido torturado, aplicar la guía. Aplicada la guía y obtenido el material fotográfico, el material va a salir foliado de forma que no pueda desaparecer un folio o ser manipulado. Esto se va a poder aplicar a partir de septiembre.

El arraigo

El arraigo está manejado de una manera equivocada. Esto fue una solución temporal. La legislación está mal ahí porque sólo le otorga al Ministerio Público cuarenta y ocho horas, término que sólo se puede duplicar en caso de delincuencia organizada y de los narcotraficantes. Esto es una solución necesaria pero probablemente vulneratoria de los derechos humanos.

El arraigo no es una pena, es una medida cautelar y por tanto requiere un tratamiento completamente distinto. La oficina se encarga de dar atención a todos los arraigados de la PGR, cosa totalmente nueva, gracias a una instrucción del procurador.

Se le puede tener en arraigo hasta treinta días, en una casa de seguridad, en la que antes no tenían acceso los familiares. Había una serie de irregularidades, pues no está preso y no se le puede sujetar a ningún reglamento de prisión. Sólo está ahí retenido por orden de un juez porque está sujeto a una investigación.

Sólo se aplica a los narcotraficantes y el juez sólo lo autoriza en este caso. Que nos invita a verlo con él, a ir con él para ver cómo trabaja, a visitar un arraigo.

Las ONGs sólo tienen el punto de vista de las ONGs mexicanas, de las que él sólo tiene respeto por tres, las demás medran con el tema. Que las ONGs mexicanas no son muy representativas. En Chiapas le presentaban un espectáculo dantesco y cuando se presentaba no había nada, era una cuestión política, que tiene documentados los casos.

El caso de Digna Ochoa

Digna Ochoa rompió con Miguel Agustín Pro, porque ellos no creían en las amenazas que ella decía que le hacían y por ello se fue a estados Unidos.

Ella llevaba defensas no sólo de derechos humanos. Dicen que es responsable en relación a sus defensas de derechos humanos, sino que ha llevado otras defensas, que también habría que investigar.

Nunca se demostró que hubiera secuestro, se introdujeron en casa de ella sin forzar chapas ni ventanas.

Denunció ante el Ministerio Público y nunca se presentó a mantener la demanda. Esto hizo que el Ministerio Público mandara el caso a la reserva. Digna no dijo nada.

Las medidas de seguridad se retiraron porque lo pidió Digna y la Comisión Interamericana porque cambió el clima político y ya no lo ven necesario. No tenían inconveniente en que se levantaran las medidas cautelares.

Ella no quería ser acompañada en sus visitas a provincias, contra las exigencias de seguridad de las medidas cautelares.

Teodoro Lorenzo Ramírez, opositor al Proyecto Milenium

Corresponde a PGR de Yucatán.

Los paramilitares no son delincuencia organizada. (Paramilitar) Es alguien que se desprende del Ejército y por su cuenta tiene conductas delictivas. Grupos armados son diferentes. Por grupos de delincuencia organizada se entiende grupos civiles armados. Se ven grupos civiles armados, pero no es un asunto de la PGR. No es un asunto de derechos humanos. De este asunto conoce la subprocuraduría específica.

Si se encuentran indicios de delincuencia organizada, entonces conoce a UEDO, que es la Unidad Especial de Delincuencia Organizada (ocupa el primer lugar en quejas por derechos humanos).

Procurador General

Cuando alguien es sometido al referéndum de un colegio senatorial, ya más no se puede hacer. A los mexicanos nadie les tiene que decir cómo eligen a su procurador, cuando ha sido el Senado elegido democráticamente el que dice quién sea su procurador. Se puede opinar, pero son opiniones que carecen de validez porque no tienen fuerza jurídica. Porque si el Senado hubiera considerado que representa a la derecha, al centro y a la izquierda, a todos los partidos políticos. Y hoy algunos presentan objeciones ; la pregunta es ¿porqué cuando fue elegido no le objetaron ?

¿Porqué un militar ? Bueno, él pide licencia, ya que la ley mexicana no permite que sea un militar Procurador General.

En México si hay una institución que ha hecho cosas buenas es el Ejército Mexicano. Siempre ha sido un Ejército de paz, no es un Ejército virulento o de invasión, es un Ejército muy popular. Los soldados son gente del pueblo mexicano. Un Ejército que no está vinculado ni con las jerarquías política o económica de este país, como sucede en otros países de América Latina. Es un Ejército diferente, porque es un Ejército muy institucional.

En otros países tiene mucha más cola en cuanto a desapariciones que lo que pasó durante la llamada “guerra sucia” en México, y no entraron a investigar o dictaron leyes de punto final. Porque lo contrario no necesariamente conforta, a veces abre heridas más dolorosas.


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