Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Chiapas, SEAPI

Secretario - El cambio de administración esta implicando un cambio : la Secretaría de Pueblos Indios cambio en relación al esquema del gobierno anterior. Porque en 1994 con la coyuntura del levantamiento, el gobierno estatal diseñó de una manera retórica una institución estatal con relación a los pueblos indios. Su función tuvo que ver con programas de contrainsurgencia. Esta institución aparece dirigida a los pueblos indígenas como problema .

En la nueva administración, el Gobierno no está colocado de la misma manera. En el discurso político de Pablo Salazar la relación con los pueblos indios es prioritaria .

Es la primera vez que una institución dirigida a pueblos indios tiene como titular a alguien que es parte de estas comunidades.

PROGRAMA DE TRABAJO

Estamos en San Cristóbal y no en Tuxtla, porque San Cristóbal es la metrópoli de indios en el estado. Tenemos 11 unidades operativas, pero los recursos son muy pequeños (60 millones para operar en un año) para nóminas, material operativo, programas de transferencia e inversión.

Estamos intentando construir un Consejo Estatal de Pueblos Indios como instancia de locución estatal reconocida por el Gobierno. Por otro lado, está la relación con organismos no gubernamentales. En particular los de derechos humanos. Estamos trabajando con desplazados. Hay detectados 500 grupos de desplazados y al respecto hay una controversia con las ONGs. En muchos casos son designados por éstas como desplazados de guerra, pero otros son desplazados por conflicto religioso, conflicto partidista , por tierras. No son expulsiones por violencia, sino migración de otro tipo. Estos 500 grupos representan entre 12 y 150 familias.

Trabajamos con desplazados por violencia social en general, que tiene que ver con las acciones cometidas por los paramilitares, expulsiones de comunidades que se dividieron (zapatistas y no zapatistas). A veces fueron expulsados los zapatistas, a veces los otros.

Hay un conjunto enorme que no está atendido, porque no hay posibilidades de llegar. Por ejemplo, en Tila hay zonas que son territorio autónomo, o están en territorio con presencia paramilitar. No es siempre posible llegar al campamento específico.

Estuvimos en todo el proceso de acompañamiento (logístico) de Las Abejas, que ahorita ya regresaron. El proceso de los desplazados retornados es muy complejo porque no hay dinero para resolver las consecuencias de casas quemadas. Sólo se pueden dar pequeños apoyos de medicina, alimentos. No siempre se puede resolver estructuralmente.

Otro frente distinto a esto es lo que está pasando en las áreas Naturales Protegidas (ANP) del estado. En estas zonas están la mayoría en territorios de los pueblos indígenas. Pero como no son demarcaciones territoriales la diferencia entre recursos naturales, recursos estratégicos y la Constitución tienen que ver con competencias del estado para quitárselos o no, o asignar su acceso y su control y su uso... Es muy complicado.

En la última década México multiplicó sus áreas Naturales Protegidas porque es el segundo país de deforestación a nivel de velocidad y volumen. Tiene un serio problema de desaparición de la megadiversidad biológica. Se ha vuelto tan apremiante esto que ya los reductos que están en territorios indígenas son un foco de atención internacional y de polémicas de geoestrategias estadounidenses. El conflicto zapatista y la Selva Lacandona se empatan con la seguridad nacional de estados Unidos. Por un lado hay una reivindicación de los pueblos de que los recursos naturales son parte de la misma patrimonialidad de los pueblos. En México, como en todos los países de América Latina, está desregulado el patrimonio genético, la diversidad biológica.

En el caso de los recursos biológicos de aquí, está el escándalo de un encuadre de bioprospección que están financiados por las grandes empresas farmacéuticas, cosmética, fertilizantes, y a través de tratos con las universidades de allá y de aquí, hacen programas de intercambio académico que derivan en financiamientos comunitarios para hacer recolectas de plantas y herbarios que van a dar a los jardines botánicos en EEUU y en Inglaterra, sobre todo en Gales[4].

El asunto de Montes Azules se convirtió en un cochinero, porque la biodiversidad protegida tiene que ver con los intereses de estas empresas y de seguridad nacional estadounidense, pero no con el interés de los pueblos. Pero los pueblos son los que están ahí viviendo y están en riesgo de ser golpeados y sacados de las zonas protegidas. Sobre todo de los Montes Azules, porque los lacandones son un pueblo demográficamente muy pequeño que, en un arrebato presidencial, durante su sexenio, el presidente Echeverría les regaló toda la Selva Lacandona, con el usufructo a las mafias que él controlaba . Les dotó de derecho agrario sobre el derecho agrario de otros. Ahora los lacandones quieren echar a las nuevas comunidades indígenas con el apoyo de las transnacionales. Puede convertirse en un escenario violento. Es el caso más dramático.

Se incorpora a la entrevista Porfirio Encino.

¿Qué postura tienen con los planes de desarrollo para Chiapas ? Estamos observando que estos planes de desarrollo inciden de tal forma en las comunidades que van a destruir el tejido social. Van a cambiar la cultura, las formas de vida. ¿En qué medida van a participar los pueblos indios en la elaboración de estos planes ?

Porfifio Encino (PE) - Hay una comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas, representantes indígenas de todo el país que han sido invitados a participar. No es un espacio institucional, sino sólo un espacio de opinión o de sugerencias, no de exigencia. No tienen facultades para incidir en la presidencia y decir que es lo que queremos. Yo opino que ese espacio tiene que tener más facultades y tomar decisiones.

No ha habido grandes consultas a las comunidades. Hay un representante de Chiapas, Arias, ex secretario de aquí del anterior Gobierno. Y es un indígena que tiene doctorado en antropología, conoce la región de la zona de Los Altos. Pero no ha habido consulta en los 67 pueblos indígenas. Sólo ha habido reuniones con representantes de los pueblos.

Hoy se requieren instituciones nuevas. No se puede tener una cultura indigenista. Nos reuniremos con el gobernador para dar nuestra opinión. En Chiapas se van a construir cinco tramos de carreteras en la zona Norte de Chiapas, a través de recursos federales. Entre los zoques, tzotziles, choles, nosotros les decimos dónde queremos que se hagan las obras para beneficiar a los pueblos indígenas, no para que haya confrontación. Hay una postura muy clara del Gobierno a la no-confrontación. No más violencia entre los pueblos indígenas. Ese es uno de los temas más importantes de este Gobierno. Yo viví esta confrontación con el anterior Gobierno. A este Gobierno no se lo vamos a permitir y así se lo hemos hecho saber.

Pretendemos construir un espacio diferente al que tiene la Presidencia. Queremos un Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, donde estuvieran representados los 12 pueblos indígenas de Chiapas, de manera plural. Para que haya un espacio de debate común, que permita incidir en las políticas públicas y que sea una interlocución con el estado. Que sea coadyuvante, con los mismos pueblos indígenas.

Los grupos paramilitares han perdido fuerza porque ya no cuentan con el apoyo del estado como ocurría antes. En la zona Norte, en el Limar se firmó en enero un acuerdo entre los grupos Paz y Justicia y la comunidad. Hubo un grupo que se oponía al acuerdo. El Gobierno no ha impulsado una fuerte investigación, ni detenciones de dirigentes de grupos paramilitares, para ir haciendo paulatinamente. Porque sino crearíamos frentes por todos lados y en lugar de hacer justicia podría complicarse. Ahora estamos empezando en el Limar, se seguirá deteniendo a gente[5]. Pero primero tenemos que neutralizar los grupos de poder local. Ahora hay cuatro funcionarios de alto nivel que están en la cárcel.

Secretario - El caso del Limar es que hace siete años el grupo paramilitar tomó el templo católico, volviéndolo una cantina. Haciendo de ese lugar un bastión del grupo paramilitar. A partir del acuerdo con Porfirio, el obispo, el gobernador y los secretarios llegaron a un acuerdo. Devolvieron la iglesia a los católicos y se designó un párroco, y se hizo por otro lado la acción penal en contra del dirigente del grupo paramilitar, que tenía ocho órdenes de aprehensión y se le mandó a la cárcel. Posteriormente, fue asesinado [el comisario] una persona en esta comunidad.

PE - No se sabe si los asesinos fueron los del grupo Paz y Justicia. Sino que pudo haber sido un asalto, una emboscada. Es tarea de la Procuraduría averiguar si esa muerte tuvo que ver con la detención del dirigente de Paz y justicia.

Respecto al Plan del Desarrollo Estatal, ahora llamado Plan de Desarrollo Sustentable, en el otro gobierno anterior, fue utilizado como propaganda contrainsurgente que dividió a las comunidades. Fue también utilizado como programa político del anterior gobernador Albores Guillén. Por ejemplo, en Taniperla cuando se desmanteló el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón a cambio se les ofreció vivienda a los que apoyaron esta política de desmantelamiento. Taniperla estaba ocupada por la Seguridad Pública. Con la llegada de este Gobierno se retiró. También en Trinidad cuando Albores trató de utilizar a supuestos desertores zapatistas, que no lo eran, les dieron tractores, vivienda y dejaron un destacamento de la Seguridad Pública. A la llegada de este Gobierno también se hizo retirar a este destacamento.

Se planteó con el Gobierno Federal que se tenía que cambiar la estrategia, la política y el personal de este plan de desarrollo. La mayoría de los centros de atención social estaban en los cuarteles militares. Se cambió totalmente. Se realizaron cuatro foros nacionales donde se consultó a la gente cómo quieren el programa. Dijeron que querían que fuera plural y representativo. Se concluyó con que se constituyeran consejos microrregionales. Hasta ahora se han definido 34 microrregiones de la selva. Hasta ahora se han instalado 28. El resto se resiste al cambio.

Nuestra misión es hacer entender a la sociedad mexicana que hay discriminación hacia los indígenas y cambiar el hábito institucional que implique el reconocimiento de una diversidad cultural.

Hay una gran inconformidad de los pueblos indios con la reforma de la Ley Indígena. Chiapas rechazó la ley, porque esta ley no considera la autonomía de los Pueblos Indios como sujeto de derecho público. Con esta inconformidad se prolonga el conflicto.

Estamos trabajando con programas de alfabetización. Estamos capacitando a doce jóvenes, no sólo para escribir o leer sino que contempla derechos humanos. Es difícil porque, simplemente, el término derechos humanos trasladarlo a la construcción lingüística de los pueblos es algo muy complejo. No existe esta palabra en las lenguas mayas.

En relación al Plan Puebla-Panamá (PPP) es una forma de amortiguar la migración a los EEUU. Después de las torres gemelas desaparecieron el posible financiamiento de capital externo para este plan. Está contrapuesto en Chiapas con el derecho a la territorialidad y el derecho de los pueblos indígenas.

El PPP está rechazado por todos los lados y Pablo Salazar ha dicho que no va a asumir el esquema del PPP si no hay consultas públicas. El Plan tendrá que basarse en el Plan de Desarrollo Estatal, que es el que nosotros tenemos.

Sólo haremos cosas si hay consenso con la población : No queremos confrontación.