Introducción

El primer día, la delegación de la CCIODH fue informada de que representaciones de distintas comunidades de la región habían hecho el viaje para aportar sus testimonios a la Comisión : de los municipios de Palenque (que incluye Roberto Barrios), Chilón y Salto de Agua (que son bastante distantes).

En la tarde se realizó un recibimiento a cargo de la comunidad y en la noche, una reunión de preparación, a la cual participaron dos representantes de la CCIODH y 3 representantes de la delegación de las comunidades indígenas.

Se elaboró la metodología y se definieron los temas a tratar durante la entrevista.

El día 23 de febrero se dio inicio a la entrevista a las 9 de la mañana. Con algunos recesos, ésta se prolongó hasta las 6 de la tarde.

Estuvieron presentes, la delegación de la CCIODH (integrada por 20 personas), la delegación de las comunidades (aproximadamente 15 personas), autoridades de la Comunidad de Roberto Barrios. En la tarde llegó a exponer el representante del Ejido “Arimatea”, colindante con Roberto Barrios.

La entrevista fue filmada en parte por miembros de la CCIODH y por promotores de cultura de las comunidades.

Nota : A su llegada la CCIODH pudo comprobar el desmantelamiento del Campamento militar situado antes a la orilla del Río, que pasa a la orilla de la comunidad de Roberto Barrios.

La entrevista ha sido ordenada en varios bloques temáticos :

El primero, que está recogido en forma de denuncias escritas que llevaban los representantes de las comunidades, parece ser el más candente y se refiere a las actividades de los grupos paramilitares y a los hechos de violencia que provocan. Ligado a este tema, está el de la militarización, aunque, debido al retiro del cuartel que permaneció al lado de la comunidad de Roberto Barrios por varios años, este tema ha sido menos relevante que en las visitas anteriores de la Comisión. Otro problema que se desprende directamente de esta situación, es el de la falta de acceso a la justicia y la impunidad. Por tanto, las iniciativas de reconciliación tan publicitadas en los medios nacionales (en los locales ni tanto) son acogidas con escepticismo por no decir que no corresponden del todo con la situación que viven las comunidades a diario.

A petición de la Comisión se abordó el tema de los programas sociales y el impacto que estos tienen en las comunidades. Esto está motivado por varias razones :

1. En el 99, prácticamente todas las comunidades, habían mostrado inconformidad por la forma en que se aplicaba el programa conocido como PROGRESA. En este entonces, las criticas giraban sobre todo en los abusos que se daban en las políticas se salud, vinculadas a la distribución del PROGRESA. Por tanto, la Comisión estaba interesada en dar seguimiento a esta problemática. Este año, la valoración del PROGRESA ha sido sintetizada de la siguiente forma : para las comunidades se trata de un programa contrainsurgente que además de imponer políticas de planificación familiar que no siempre son explicadas ni aceptadas por las comunidades, fomenta divisiones entre los beneficiarios y los que quedan al margen del programa.

2. Por otra parte, uno de los principales ejes de los nuevos gobiernos federales y estatales ha sido, por lo menos a nivel de intenciones, el combate contra la pobreza mediante la promoción de programas de desarrollo y atención social. Pero al mismo tiempo, la necesidad de romper con los métodos de los gobiernos anteriores, calificados de “paternalistas”, ha dado pase a nuevos conceptos, basados en la “dinamización económica” de las comunidades.

Valía la pena, entonces, intentar comprender como estas nuevas orientaciones que se insertan también en los lineamientos del Plan Puebla-Panamá, impactaban en las comunidades.

El panorama dibujado es bastante sombrío, pues varios factores generan inseguridad, especialmente en lo que a tenencia de tierra se refiere. En este marco, la valoración que hacen las comunidades del Programa de Certificación Ejidal y Titulación de Solares (PROCEDE), del PROCAMPO y de los programas supuestos sustituirlo, basados en el otorgamiento de microcréditos, revela bastante contradicciones con el optimismo institucional. De todos los temas abordados, es probablemente el tema del PROCEDE que ha generado más comentarios y más explicaciones por parte de nuestros interlocutores. El caso, expuesto por los ejidatarios de “Arimatea” ilustra el tipo de conflictos que genera una política de apertura del mercado de tierras, en zonas donde no hay, de hecho más tierras que adquirir, que la del vecino, a quien le ha ido mal con la gestión de su microcrédito.

Destaca también en este capitulo, la persistencia de los métodos clientelistas readaptados a los nuevos programas, pues parece ser que en muchos casos, la atribución de créditos, se condiciona a la aceptación del PROCEDE (o sea el desmantelamiento del ejido). No es sorprendente entonces que detrás de las actuaciones de los grupos paramilitares, muchas veces se perfile el interés de dirigentes locales de ejercer un control político y sobre todo económico, mediante la captación de proyectos productivos.

Aunado a esto, destaca la falta de acceso a los mercados, producto de la falta de infraestructuras. Para romper con la dependencia hacia los intermediarios y sobrevivir a la baja de los precios agrícolas en el mercado, los municipios autónomos intentan consolidar un sistema comunitario de almacenamiento y búsqueda colectiva de mercados a precios más justos.

De la misma forma, se organiza el sistema de salud y el sistema educativo y respecto a las formas de organización autónomas, las comunidades comentan las esperanzas puestas en la aprobación de una ley que retomará el contenido de los acuerdos de San Andrés, esperanzas traicionadas por la adopción de una ley Indígena troncada.

Las comunidades expresan que la Reforma Constitucional en materia Indígena no hace efectiva muchos de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT :

  falta de consulta

  el derecho a la tierra

  la administración de justicia y la protección de los derechos indígenas son la consecuencia del no reconocimiento de las Comunidades Indígenas como sujetos de derecho.

Finalmente, los cambios ocurridos en los asuntos religiosos, con el retiro del Obispo Samuel Ruiz y la llegada al cargo de Felipe Arizmendi, ha sido tema de amplios comentarios por parte de los representantes de las comunidades.

Los entrevistados señalan que vienen en representación de 5 municipios autónomos, pero declinan dar los nombres de estos municipios. Se refieren a sus comunidades de origen por el nombre “constitucional”.

Presentación de denuncias

Primero se procedió a la lectura de denuncias referente al “hostigamiento militar en contra de pueblos zapatistas” :

El Edén (Municipio de Palenque), el 2 de febrero 2002.

Relatan que los militares llegaron a interrogar al secretario del comité de Educación de la comunidad, acerca del transito de indocumentados por esta zona, nombre de las autoridades, siembra de drogas, Iglesias representadas, cantidad de católicos, venta de armas, existencia de equipos de comunicación y disposición de la comunidad en cuanto a la instalación de campamentos.

San José Usumacinta (Municipio de Palenque).

Entran un centenar de militares, pertenecientes al batallón 73 de la 38a región militar.

14 de febrero : instalación de un retén en Santa Rosa (Tabasco) en donde se pide identificación a todos los que transitan, menos a hondureños que han sido vistos en este lugar.

San Francisco Chancalá (Municipio de Palenque)

Da a conocer la entrada del ejercito de noche desde el mes de enero hasta la fecha. Patrullan a pié.

El Clavo (Municipio de Palenque)

Denuncia afiliación de un grupo de transportistas a la organización “Desarrollo, Paz y Justicia”. Dicha organización tiene una oficina en la ciudad de Palenque. Se desconocen los dirigentes.

Ejido Antioquía (Municipio de Palenque), 21 febrero 2001.

Se dio un asesinato el propietario de un rancho. Fue detenido por 9 meses el presunto hechor, pero fue liberado poco después. Desde entonces ha recrudecido actividad paramilitar. Se han acusado del crimen a bases de apoyo del EZLN. No ha habido justicia.

Belisario Domínguez, septiembre del 1998

El promotor de Salud fue detenido y torturado por agentes del Ministerio Público. Fue acusado por un supuesto asalto. Su firma le fue arrancada bajo tortura.

Detención y tortura de un catequista para que denuncie un supuesto asaltante.

Aguascalientes “Roberto Barrios”

Da cuenta de una reunión que reunió a representantes de las comunidades aledañas para analizar la situación de la región debido a la presencia de grupos paramilitares “Paz y Justicia” y del Ejercito.

El 6 de septiembre del 2001, hombres de la comunidad de “Puyipa” (Municipio de Palenque) destruyeron un tramo de la carretera que conduce a “Roberto Barrios” que está siendo reparado por bases de apoyo del EZLN (denuncia fue interpuesta el 13/09/01)

14/09/01 Se denuncia el ataque ocurrido en Junio del mismo año, a un hombre, por parte de miembros de “Paz y Justicia” quienes siguen sin castigo. La víctima que reside a una hora y media de la comunidad, vio su casa incendiada y sus pertenencias robadas (entre otras cosas se le dañaron sus arboles frutales).

17/12/2001 : Pasó un vehículo en el cual iban 4 uniformados. En otra fecha, se registró presencia de personas uniformadas (en vehículo) así como varios grupos de personas identificadas con grupos paramilitares de “Arimatea” (colindante con R. Barrios), Puyipa y otros de origen desconocida.

20/01/2002 : Vuelos rasantes de helicópteros sobre la comunidad de R. Barrios.

30/01/2002/ Patrullajes en Puyipa y en otras comunidades de la región asustando a la población que no está acostumbrada a este tipo de movimientos.

En otros lugares, los militares llegan ofreciendo trabajos sociales, reparación de electrodomésticos y despensas. Ponen retenes en el entronque de Chancalá, revisando identificaciones y mochilas e interrogan a los transeúntes.

29/01/2002 : “Paz y Justicia” realizó su asamblea general en la comunidad de “Roberto Barrios”. Autoridades ejidales de la comunidad se reunieron con miembros del grupo “Paz y Justicia” en horas de la noche. El objeto era buscar un acuerdo, para buscar presuntos encapuchados que habían sido vistos transitando por el poblado.

Esta versión es denegada por las bases de apoyo del EZLN quienes afirman que nunca salen a intimidar a la población que no pertenece a su organización.

Los zapatistas en cambio, afirmaron que los miembros de “Paz y Justicia” gozan de impunidad a pesar de ser responsables de varios delitos. Protestan contra el hecho de que estos hayan pedido la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la comunidad.

¿No ha habido respuestas a sus denuncias ?

En la mayoría de los casos no. El gobierno no ha hecho nada para resolver los problemas con los paramilitares. Si a caso encarcelan a un dirigente, a los 3 meses nuevamente está libre.